Galicia no tiene hoy cajas de ahorros. Ni Galicia, ni ninguna otra comunidad. Todas han acabado convertidas en bancos, víctimas de sus excesos, de la falta de celo de los supervisores, de la laxitud de una sociedad que decidió (consciente o no) mirar para otro lado. Eso le ha costado mucho a este país.
Y como Galicia no tiene hoy cajas, la sentencia del Constitucional (que está muy bien fundamentada, pero que llega tarde), es un brindis al sol al que solo cabe buscarle una vuelta política. Porque, de entrada, nadie ha dado explicaciones políticas, ni ha sido capaz de justificar todo lo sucedido: desde las carencias en la supervisión hasta la decisión de forzarlas a convertirse en bancos (decisión compartida, y aplaudida, en Madrid por PP y PSOE) y liquidar un modelo financiero que sigue vivo en otras partes de Europa.
La sentencia del Constitucional le permite a Feijoo y a su equipo (la hoy secretaria de Estado Marta Fernández, el responsable de Política Financeira Manuel Galdo...) hinchar un poco el pecho y presumir de que su lei de caixas era perfectamente válida. Triste e inútil consuelo.
A quienes agitaron durante meses el fantasma de que la norma era ilegal, a los que llevaron la norma al Constitucional, a los que enredaron e hicieron perder meses y meses, a los que se enfrentaron a lo que querían empresarios, sindicatos, la mayoría del Parlamento de Galicia (mantener una entidad anclada a su territorio), a los Elena Salgado, Gaspar Zarrías o Abel Caballero, ahora, cinco años después, cabría pedirles una reflexión: ¿A qué jugaron? No sabrán, no querrán responder.