Hacienda evita perseguir la devolución de 126 millones del antiguo «tax lease»
ECONOMÍA
Desacata la orden de Bruselas a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia falle a favor de la legalidad de la ayuda
21 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La herramienta fiscal, que permite abaratar el coste de construcción de un buque en España por la vía de bonificaciones a los inversores, fue declarada ilegal en septiembre del 2013 (ayuda de Estado) y Competencia de la UE instó al Gobierno de España a exigir la devolución de los incentivos que, según Hacienda, suman 126 millones de euros.
Pero la Agencia Tributaria mantiene desactivada la reclamación desde entonces. ¿El motivo? Fuentes judiciales que han llevado el recurso contra estas devoluciones al Tribunal Europeo de Justicia explican que hay varias razones que justifican la laxitud de Hacienda en este tema. Para empezar, España no ha cerrado del todo el importe a devolver, porque Bruselas sostiene que son más de 126 millones y ha exigido una revisión de esa cantidad, algo que también permanece paralizado.
Por otra parte, el Gobierno de España defiende la legalidad del antiguo tax lease y también ha recurrido la decisión en Luxemburgo. «Sería incoherente exigir la devolución cuando estás defendiendo su legalidad. Además, el Ejecutivo no descarta que Luxemburgo le de la razón», explican estas fuentes.
El alto tribunal investiga 16 expedientes de reclamación presentados por otros tantos bancos y empresas que financiaron la construcción de buques para obtener desgravaciones fiscales entre los años 2007 y 2011 (el denominado tax lease) y que, en teoría, están obligados a devolver los incentivos obtenidos en el citado período, por exigencia de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
A la espera de fallo
Entre las demandas presentadas, Luxemburgo tiene sobre la mesa los recursos planteados por el sector financiero, encabezado por la propia patronal de banca en representación de las entidades afectadas, entre las que se encuentran Santander, Bankia, Popular, Sabadell, Caixabank, Unicaja o Abanca, cuando aún era Novagalicia.
Entre los expedientes remitidos al alto tribunal figuran también los recursos de Inditex, El Corte Inglés o Ikea, inversores que participaron en sociedades de interés económico, financieras del tax lease que Bruselas echó abajo por vulnerar la libre competencia.
Entre las bases de la argumentación que han esgrimido estos bancos y las empresas para pedir que se anule la orden de devolución figura un documento suscrito en su día por la patronal de los armadores noruegos que se beneficiaron de este sistema para construir sus barcos a un precio más competitivo en los astilleros gallegos. El texto de este colectivo, que exigía quedar exento de reintegrar las cantidades desgravadas, fue tenido muy en cuenta por la Comisión, que dispensó del pago a todos los armadores. Los astilleros tampoco tienen que abonarlo.
Fuentes conocedoras de estos expedientes aseguran que el importe máximo reclamado en ningún caso superaría los 10 millones de euros. Por ejemplo, Banco Popular informó a través de la CNMV que provisionó 6,5 millones para hacer frente a la devolución. Fue la única entidad que especificó el modo de cálculo del importe de la devolución. «Se realiza teniendo en cuenta el modelo elaborado por Tributos y, según el cual, la cuantía estimada del impacto sería de 6,4 millones de euros, de los que 5,5 millones corresponderían a principal y 900.000 euros a intereses de demora», explicó.
El Ministerio de Hacienda lleva año y medio haciendo la vista gorda con bancos y grandes empresas que se beneficiaron del antiguo tax lease naval.
Trece operaciones cerradas en España, ninguna en Galicia
España tiene en vigor un nuevo tax lease, completamente legal y bendecido por la Comisión Europea. En el último año, la herramienta fiscal ha conseguido hacerse con la construcción de 13 nuevos buques. Pero ninguno de ellos tendrá como destino un astillero gallego.
El País Vasco, con 11 unidades, y Asturias, con dos, se reparten la carga de trabajo, valorada en 300 millones de euros, mientras que el sector gallego sigue teniendo grandes dificultades para convencer a armadores, bancos e inversores en las ofertas que presentan. Ni la propia petrolera Pemex, propietaria de Hijos de J. Barreras, ha conseguido cerrar dos de los cinco contratos anunciados para el astillero por las dificultades para articular la financiación a través de este sistema de bonificaciones, que abarataría el coste para el armador entre un 15 y un 21 %.
Pymar, la agrupación de pequeños y medianos astilleros españoles, asegura que no existe motivo de especial preocupación, ni factores específicos que expliquen la falta de éxito a la hora de materializar contratos en Galicia.