Impone al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado
02 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja José Luis Olivas (PP) y ha enviado a prisión a dos exdirectivos de la entidad y dos empresarios tras imputarles delitos de corrupción por los créditos que esta entidad y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe. El magistrado impone a Olivas la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado. También han quedado en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).
El juez decretó también el ingreso en prisión eludible con fianza de medio millón de euros para Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia; y José Cortina, ex director general adjunto de la caja.
De igual modo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del «trato de favor» dispensado en las operaciones de Grand Coral.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La Guardia Civil también arrestó ayer a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja. La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México. Según la Guardia Civil, los préstamos para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe superaron los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieras de 250 millones de dólares, según el Banco de España. Recibida la financiación, los adjudicatarios desviaron 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una ingeniería financiera.