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Seis de los hijos del empresario jerezano fallecido están imputados en la causa de Nueva Rumasa
22 sep 2015 . Actualizado a las 11:46 h.El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha acordado el embargo de los bienes y derechos económicos que puedan corresponder de la herencia del empresario José María Ruiz Mateos a los seis hijos que están imputados en la causa de Nueva Rumasa.
Así lo ha acordado el juez una vez que ha tenido conocimiento de la existencia de un testamento cerrado del empresario jerezano. Además, ha requerido al notario que tan pronto como se abra y protocolice el testamento deberá entregar una copia a la secretaria judicial del juzgado.
Una vez obtenida dicha copia, el juez y secretaria judicial procederán a una lectura reservada, dejando constancia en los autos únicamente de los bienes que constituyen el caudal hereditario.
El magistrado pretende con esta medida cautelar proteger los derechos de los perjudicados en esta investigación, que son los 4.110 inversores que pudieron aportar cerca de 337 millones de euros de los que faltan por reintegrar 289 millones.
En su auto, el magistrado explica que los seis hijos de Ruiz Mateos imputados no han depositado la fianza de 30 millones que se les fijó hace cuatro años y « existen indicios suficientes de que existen bienes inmuebles que figuran formalmente a nombre de sociedades vinculadas al denominado » Grupo Nueva Rumasa« que están siendo disfrutados por los querellados, como mecanismo para ocultar la verdadera o real titularidad y así prevenir la efectividad de medidas cautelares como la que aquí se acuerda».
El juez explica en su escrito que la lectura del testamento debe ser reservada a fin de que únicamente se incorporen a las actuaciones aquellos elementos pertinentes, « excluyendo cualesquiera otras manifestaciones o disposiciones contenidas en el testamento que no guarden relación con los hechos investigados».
En la investigación abierta por el llamado caso Nueva Rumasa seis de los hijos de Ruiz Mateos están imputados por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, administración desleal y delito contra el mercado y los consumidores.