El magistrado investiga la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en la República Dominicana y México con las que la CAM habría desviado fondos hacia la sociedad Valfensal
21 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Estado, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha perdido al menos 28 millones con algunas de las operaciones inmobiliarias de la CAM en el Caribe. Así lo asegura el inspector del Banco de España que se encargó de analizar las cuentas de la caja.
José María Ruiz Martínez, exfuncionario del organismo presidido por Luis María Linde, hizo estas afirmaciones ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, que investiga en distintas piezas a la cúpula de la entidad por irregularidades en su gestión. Se refería en concreto a las operaciones de financiación de proyectos de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.
En este procedimiento, el magistrado investiga la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en la República Dominicana y México con las que la CAM habría desviado fondos hacia Valfensal. Dicha sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados al exdirector general de la entidad Roberto López Abad, Vicente Ferri y José Baldó, y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
Según la investigación, López Abad y el exdirector general de empresas Daniel Gil, desempeñaron un papel esencial en las decisiones sobre la financiación de esos proyectos hoteleros, motivo por el que ingresaron en prisión bajo fianza hace ya dos años, aunque apenas permanecieron unos días en la cárcel.
Mientras, los empresarios se encargaron de crear una estructura fiscal mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, en las Antillas Holandesas, para eludir las obligaciones fiscales en España.
Durante su comparecencia el pasado día 18, Ruiz Martínez ratificó en calidad de testigo-perito las conclusiones a las que llegó en su informe de inspección del 28 de noviembre del 2011, en el que señalaba que la forma de financiación del grupo había sido «inapropiada» y no se habían justificado de forma suficiente el destino de los fondos. El técnico mostró su sorpresa por el hecho de que los proyectos no los aprobara el consejo de administración.