Una firma gallega de transporte, entre las que recuperarán el céntimo sanitario

Una empresa gallega de transporte de mercancías es una de las ocho primeras de toda España a las que el Tribunal Supremo ha dado la razón en su reclamación de recuperar el céntimo sanitario, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de los ejercicios ya prescritos, del 2002 al 2009. Y Miguel Caamaño, del bufete coruñés CCS Abogados, es su defensor. El letrado prefiere no desvelar el nombre de su cliente hasta que no se dé a conocer la sentencia que estima la reclamación. Porque el Supremo solo ha avanzado, de momento, que ha admitido las pretensiones de ocho de los en torno a 4.000 afectados de toda España que presentaron un contencioso administrativo contra el Estado para exigir el reintegro de todo el impuesto cobrado indebidamente.

Pero aunque no se conozca qué dice exactamente la sentencia, el despacho CCS (Caamaño, Concheiro & Seoane) Abogados ya está satisfecho con que se hayan aceptado las aspiraciones de su cliente. Miguel Caamaño explica que, sin embargo, sí será importante saber cómo se ejecutará ese fallo favorable. Lo ideal, aclara, sería que el Supremo ordenase directamente al Ministerio de Hacienda el pago de la indemnización solicitada por el afectado, más los intereses correspondientes.

Pero podría pasar también que el alto tribunal optase por estimar la demanda, pero enviar los expedientes a Hacienda, para que fuese el ministerio el encargado de verificar que el importe reclamado es el correcto y, a continuación, abonarlo. Esta última posibilidad puede dilatar la conclusión del proceso. Porque, en este caso, el departamento dirigido en funciones por Cristóbal Montoro, tendría que dedicarse a revisar una a una las facturas que tan minuciosamente fue reuniendo Caamaño para sustentar la reclamación. El abogado destaca que fue una labor complejísima porque se aportaron recibos desglosados año a año con el importe del impuesto abonado en cada comunidad autónoma, que suele variar de una a otra.

Miguel Caamaño explicó también que el abogado del Estado había introducido un argumento importante en los recursos al intentar convencer al Tribunal Supremo de que el cobro del céntimo sanitario no fue cosa exclusiva del Estado, sino también de las comunidades. El conocido como impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos era estatal, pero si se aplicaba o no lo decidían las autonomías y su recaudación se les transfería directamente. Es decir, lo gestionaba la Administración central, pero se benefician de él las autonomías. Caamaño considera que el abogado del Estado intentaba forzar una estimación parcial de los recursos y una corresponsabilidad con las comunidades. Si sus argumentos son aceptados o no se sabrá cuando se notifiquen las sentencias.

La Xunta no pagará

Pero la Consellería de Facenda ha negado ya de plano que la Administración gallega tenga que desembolsar un solo euro por el céntimo sanitario cobrado ilegalmente. Fuentes del departamento dirigido por Valeriano Martínez subrayaron que se trata de un impuesto estatal. Además, incidieron en que las devoluciones que se están realizando a los transportistas de los ejercicios no prescritos las está asumiendo la Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda). Por tanto, concluyen, los reintegros de los años prescritos también serán su responsabilidad.

España recaudó en torno a 13.000 millones durante los diez años (del 2002 al 2012) que estuvo en vigor el impuesto ilegal. Se desconoce a cuánto ascenderán las devoluciones, pero «no se ha solicitado ni la cuarta parte», según Caamaño.

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