Quienes esperaban grandes soluciones a la crisis láctea, se han llevado una profunda desilusión
15 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Quienes esperaban grandes soluciones a la crisis láctea procedentes ayer de Bruselas, se han llevado una profunda desilusión. La Comisión Europea, con su responsable de agricultura al frente, reconoció la preocupación que le genera el severo desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos lácteos, pero poco concretaron sobre qué hacer para corregirla.
Lo principal: echaron mano del manual del buen europeo -concretamente de la OCM láctea- que abre la posibilidad a permitir acuerdos voluntarios entre las organizaciones de productores y cooperativas en relación con la producción y la gestión de la oferta. Es decir, se obliga de forma implícita a los ganaderos a reducir su volumen de entregas como única forma de sacar leche del mercado para intentar con ello una recuperación de los precios. Una medida que, por cierto, habrá que estudiar todavía como se pone en marcha y la efectividad que acaba teniendo, pues no existen precedentes.
De la busca de nuevos mercados o la apertura del ruso que lleva año y medio cerrado, poco avanzó, y de la intervención pública, sabor agridulce. Porque, aunque se han duplicado los volúmenes para leche en polvo y mantequilla (algo más de 300.000 toneladas en total), el titular europeo de agricultura, el irlandés, Phil Hogan, rechazó de plano aumentar el precio de esta compra pública con el fin de hacerla más atractiva a los potenciales vendedores. Esta medida era una petición, prácticamente unánime, de las principales regiones productores de Europa. De hecho, la propia conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, señalaba días atrás que el no incrementar el precio de intervención de la leche en polvo y la mantequilla resultaría «un gran fracaso» para el sector. Como fiasco consideran otros Estados el que las autoridades europeas no les permitan aumentar las ayudas de minimis a los agricultores, aquellas de las que no hay que dar cuenta a Bruselas pues no se entienden que vulneren la libre competencia. Actualmente se sitúan en un máximo de 15.000 euros por granja y algunos países pretendían incluso doblarlas.