El juez cierra hoy cuatro años de instrucción con más de 20 investigados, un centenar de testigos y 600 personados
06 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Es un caso complejo, y eso ha hecho que la instrucción se haya prolongado durante más de cuatro años. Pero la investigación de la quiebra del grupo pesquero en el año 2013 llega este viernes a su fin, por orden del juez, José de la Mata, que rechazó la petición de una nueva prórroga solicitada por abogados de la parte acusada. La instrucción se cierra con una veintena de investigados, un centenar de testigos, más de 600 personados y más de 40 acusaciones de diferentes delitos, entre ellos falsedad documental, falseamiento de cuentas y de información económica, estafa y blanqueo.
La instrucción se ha prolongado durante más de cuatro años debido a las peticiones de cooperación judicial y comisiones rogatorias enviadas a otros países, según explican fuentes del proceso.
Los abogados consultados calculan que los investigados tardarán aún bastantes meses en sentarse en el banquillo. A partir de este viernes, el juez solicitará a las partes los escritos de acusación y de defensa. Con este último trámite, las actuaciones se derivarán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fijará fecha para la apertura de juicio oral.
Banquillo en San Fernando
«Dadas las características del proceso, la gran cantidad de investigados y el largo período de instrucción, lo más probable es que dicha apertura tarde alrededor de un año en iniciarse», aseguran los abogados, que añaden el inconveniente del espacio. Al tratarse de un proceso con tantos implicados habrá que buscar fechas disponibles en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, que es el lugar en el que se celebran los grandes juicios.
En mayo del 2013, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió investigar a Manuel Fernández de Sousa por varios delitos. Entre ellos, los de falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada.
Una veintena de responsables de alguna manera de los estados contables de la empresa, que llegó a acumular casi 4.000 millones de deuda, han prestado declaración. En la relación de acusados que encabeza De Sousa destacan los nombres de los exconsejeros Alfonso Paz Andrade, José Alberto Barreras y Antonio Pérez-Nievas, además de buena parte del anterior equipo de dirección y familiares directos, entre ellos la esposa del expresidente, Rosario Andrade.
El informe forense dejó al descubierto con todo detalle cómo el 80 % de las facturas que se movían en Pescanova en la época investigada eran falsas. Esto lleva a los abogados de los afectados a dar por hecho que algún imputado recibirá pena de prisión.