Se corresponden a los cuatro meses de salarios que adeuda a los 17 trabajadores del organismo
29 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Cámara de Comercio de Ourense finalizará el ejercicio del 2017 con una deuda de 200.000 euros, correspondiente a los cuatro meses de salarios que adeuda a los 17 trabajadores del organismo. Algunos de ellos ya han presentado una demanda en los juzgados de lo social, solicitando una indemnización de 102.000 euros por causa de un despido improcedente por impago de tres meses de salario. Estas deudas y la imposibilidad de generar ingresos -se perdieron fondos europeos para dos proyectos por falta de cofinanciación del ICO, según apuntó el vocal Antonio Villaverde- hacen inviable económicamente la entidad cameral. Fue el informe que expuso el presidente de la institución, Juan Carlos Parada, antes de anunciar su renuncia y la del comité ejecutivo en el pleno extraordinario del lunes. Parada ya firmó su renuncia, al igual que otros miembros, como Guillermo Díez, del Colegio de Economistas. «Es poco deseable que esto se produzca; la Cámara de Comercio es un organismo que tiene una labor que hacer de apoyo al empresario, sobre todo en comercio exterior», opina Díez.
La mayoría de los vocales se pronunciaron también en el sentido de renunciar. Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta en Ourense, dice que no lo ha hecho y que esperará acontecimientos. Cree que sería «una pena» perder la institución y confía en que aparezca una solución.
La Cámara de Comercio puso a la venta sus bienes patrimoniales -su sede en un céntrico edificio de Ourense y el vivero de empresas- sobre los que no pesan cargas, pero sí alguna petición de embargo derivada de las reclamaciones salariales en sede judicial. Sin embargo, las ofertas de compra eran «inaceptables», según miembros de la Cámara, por las rebajas respecto al valor estimado del inmueble.
La Xunta, que tutela la institución, nombrará una comisión gestora con representantes de las cámaras y de la Administración. Ese órgano provisional deberá convocar elecciones, que igualmente estaban previstas para el 2018. La legislación obliga a que haya un organismo cameral por provincia. «Otra cosa es que vaya a ser una cámara con órganos de dirección independientes o que funcione como una sucursal de las de Vigo o A Coruña», lamenta Díez. Actualmente, la de Ourense ya está «en vía muerta», según Villaverde.