La Audiencia Nacional impone una fianza de 80 millones a la antigua cúpula de Caixanova
ECONOMÍA
La Fiscalía sostiene que la caja gallega concedió un crédito a la sociedad Promalar a pesar de contravenir los intereses de la propia entidad
13 dic 2017 . Actualizado a las 11:59 h.El titular del juzgado de instrucción número 5, José de la Mata, ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los exdirectivos de Caixanova acusados de administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad.
Esta cantidad coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre el 2009 y el 2010, Domingo Gonzalez, y el director de la oficina principal José Benito Parente.
La Fiscalía sostiene que en otoño del 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de «ayudar a reflotarla dadas sus serias dificultades económicas».
En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos «querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación con la caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables» a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.
Para ello «se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar», fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.
Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.
Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.
El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de «grave repercusión en la seguridad de la economía nacional».
