La banca reclama al Estado los 1.350 millones que le prestó para cerrar Castor

El fiasco del proyecto del almacén de gas Castor sigue persiguiendo al Gobierno. Y es que el Santander, CaixaBank y Bankia reclaman ahora al Estado la devolución de los 1.350 millones que le prestaron para hacer frente a la indemnización del cierre de la planta situada a 21 kilómetros de la costa de Castellón, según confirman fuentes jurídicas. Una cantidad que el Gobierno debió desembolsar para cumplir con la compensación a la compañía propietaria de la plataforma Escal UGS (controlada en un 66,7 % por ACS) por el cese de actividad del almacén de gas, que había provocado alrededor de 500 pequeños seísmos en la costa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto que aprobaba la indemnización y ahora la banca solicita su reembolso, aunque está dispuesta a ser flexible para minimizar el impacto en las cuentas públicas.

En concreto, las tres entidades formularon ayer ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de esos 1.350 millones más los daños causados tras el fallo del Constitucional. Según fuentes jurídicas, en su solicitud argumentan que la inconstitucionalidad del real decreto no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En caso contrario, los bancos consideran que la Administración se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. La devolución inmediata de este importe supondría todo un contratiempo para el Gobierno, ya que puede poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit, que este año que debe bajar del 3,1 al 2,2 % (un ajuste de 10.000 millones de euros). Por este motivo, las tres entidades ofrecen al Gobierno pactar un acuerdo que incluya plazos flexibles para la devolución con el objetivo de no hacerla efectiva de golpe y que afecte así lo menos posible a la consolidación fiscal y a los consumidores.

Pago en «cómodos» plazos

De esta forma, sugieren que el Estado lleve a cabo el reembolso de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el real decreto.

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