La banca repercutirá el impuesto en el cliente, como hizo con la cláusula suelo

El sobrecoste que tendrá que asumir se trasladará, antes o después, al precio de los créditos o a las comisiones


redacción / la voz

Dicen profesores de Hacienda Pública que en un mercado oligopolístico todo impuesto lo acaba pagando el cliente. Pues resulta que el sector bancario español se va asemejando bastante a ese mercado de pocos operadores, con cinco o seis entidades tutelando el 90 % de todo el negocio. Y resulta también que, vía decreto, el Gobierno hará que las entidades financieras asuman un nuevo tributo, el de los actos jurídicos documentados, que hasta ahora abonaban los clientes cuando firmaban una hipoteca. Siguiendo la teoría, todo apunta a que los cliente serán los que finalmente pagarán, indirectamente, ese impuesto, que de media ronda entre los 1.500 y 2.000 euros por operación.

Directivos bancarios consultados admiten en privado que «se tendrá que encarecer necesariamente, porque los cálculos para una hipoteca, su coste y el beneficio están hechos sobre un supuesto [el cliente pagaba ese impuesto] que ahora cambia».

Ese presumible incremento se puede producir a través de dos vías. Una, elevando los diferenciales sobre el euríbor (que además ahora está subiendo). Otra, a través de las comisiones de servicio, una fuente de ingresos nada despreciable: solo entre enero y septiembre de este año, antes de que estallara todo el lío del impuesto a las hipotecas, los grandes del sector ingresaron 8.700 millones de euros por esa vía.

No es algo nuevo. Cuando la Justicia europea decidió que la cláusula suelo era ilegal si no era transparente para el usuario (el 90 % de los casos, según el cómputo de sentencias que hace el CGPJ), el interés medio al que se firmaban las nuevas hipotecas estaba en el 2,4 %. Dos años después, con el euríbor en mínimos históricos, la media está entre el 2,3 y el 2,4 %. Es decir, que pese a que el índice de referencia ha ido cayendo, las entidades han congelado los tipos, según los datos de los registradores.

En su comparecencia de ayer, apenas unas horas después de conocer la controvertida decisión del Supremo, Pedro Sánchez se mostró confiado -«espero y deseo», dijo- en que la banca no traslade al cliente el coste del impuesto. El mercado hipotecario, aseguró, es «bastante competitivo», aunque obvió que se ha convertido en uno de lo que más han concentrado su negocio en unos pocos operadores, según confirman los datos del BCE.

En las últimas semanas, directivos bancarios habían trasladado públicamente la idea de que si la banca tenía que hacerse cargo de este impuesto habría de revisar su oferta hipotecaria, lo que se entendía como un posible encarecimiento de las hipotecas. Es posible que no se vea a corto plazo, pero que se empiece a detectar a partir del 2019, coincidiendo con esa lenta, pero imparable, subida del euríbor.

¿Suprimir el tributo?

Ante esta situación, el PP puso ayer sobre la mesa -y así lo llevará al Congreso- una propuesta para que se suprima el tributo, aunque sin aclarar si solamente será para las firmas de hipotecas o para cualquier escritura pública. Este impuesto de actos jurídicos documentados lleva en vigor 23 años y está cedido a las comunidades autónomas. En Galicia supone entre 70 y 80 millones de euros al año (unos 25 por las hipotecas) que, de suprimirse el tributo, se perderían, lo que repercutiría en los servicios públicos.

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Ana Balseiro
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El Gobierno aprobará este jueves un Real Decreto Ley para modificar la ley que regula el gravamen y liberar al cliente de su abono, pese a la sentencia del Supremo

«Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana lo hace el Poder Ejecutivo. Nunca más pagarán los españoles este impuesto y lo pagará la banca». Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una rueda de prensa en La Moncloa, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este jueves un Real Decreto Ley por el que modificará la ley de 1993 que regula el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), el que grava las hipotecas y que hasta ahora abonaban los prestatarios a la Hacienda autonómica correspondiente.

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Lesmes intenta aplacar las críticas, defiende al Supremo y señala a la ley

El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no pareció ayer muy dispuesto a hacer autocrítica, como reclamó Pedro Sánchez. Por el contrario, Lesmes defendió la decisión adoptada por el pleno de la Sala Tercera del alto tribunal, asegurando que se tomó «con total libertad e independencia de criterio» y que los magistrados resolvieron por mayoría una cuestión «controvertida».

De hecho, optó por lanzar balones fuera. Concretamente, al tejado de los otros poderes del Estado, ya que, según su criterio, «se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras, y el legislador tiene siempre la última palabra», señaló, instando al Gobierno y al Parlamento a aprovechar «la magnífica oportunidad» que brinda la reforma de la ley hipotecaria para clarificar quién es el sujeto pasivo del impuesto.

Críticas desde el TSXG

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, se mostró crítico con la gestión del asunto, en concreto de la convocatoria del pleno, que no fue «ni la más oportuna ni la más afortunada». «La imagen de la Justicia preocupa, y cuando hay defectos de gestión, más», dijo, aunque pidió cautela hasta que se conozcan los argumentos de las sentencias.

«Que tengas derecho a una hipoteca no significa que te tengan que imponer unas condiciones leoninas» Desde Adicae Galicia valoran la resolución del Supremo que fija que deben ser los clientes quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. Consideran que es un caso más en la serie de fraudes y abusos masivos por parte de la banca

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