El CO2 de la planta de Meirama equivale al 40 % de los gases del transporte

Raúl Romar García
R. Romar REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ANA GARCIA

Incumplía el objetivo de reducción de emisiones de la UE

13 jun 2019 . Actualizado a las 17:28 h.

«A central de Meirama estaba abocada ao peche, e máis nun contexto en que Europa está decidida a seguir adiante co compromiso de redución de emisións de efecto invernadoiro marcado polo Acordo de París». El juicio parte de Manuel Soto, catedrático de Ingeniería Química de la Universidade da Coruña y uno de los referentes del movimiento ecologista en Galicia, quien también advierte que «o carbón xa tiña que estar erradicado». Pero no fueron las emisiones de dióxido de carbono la causa original del cierre de una planta a la que el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad incluía como la octava más contaminante de España -la de As Pontes es la segunda- y que Greenpeace ha calificado como una «fábrica de cambio climático».

No, la razón no es el límite a las emisiones de CO2, cuya normativa específica aún no entró en vigor, sino la directiva europea de emisiones que pone su foco en el control de otros gases como los óxidos de azufre y nitrógeno o las partículas en suspensión cuya liberación a la atmósfera suponen un problema sanitario. Cada año, la polución de este tipo causa aproximadamente 400.000 muertes prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en costes externos ligados a la salud. La plataforma Galiza, un Futuro sen Carbón, impulsada por las principales organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales, también ha echado sus propias cuentas sobre el efecto que causa la instalación de Cerceda. «Os custos sanitarios provocados pola contaminación tóxica da central de Meirama estimáronse en até 165 millóns de euros», asegura.

Sin olvidar que los óxidos de nitrógeno y azufre reaccionan con la humedad de la atmósfera para transformarse en lluvia ácida, a la que no pocos vecinos de la zona han echado la culpa de que arruinara sus plantaciones de árboles o frutales, aunque este extremo, salvo episodios que pudieran ser puntuales, no llegó a confirmarse porque las emisiones, en teoría, son arrastradas por el viento y causan el problema fuera del foco de emisión. 

As Pontes sí cumple

Naturgy, antes Unión Fenosa, se había comprometido en el 2015 a invertir 100 millones para reducir este tipo de emisiones y cumplir a partir del 2020 con la directiva europea. Incluso inició la tramitación ambiental del proyecto ante la Xunta, que comprendía, entre otras mejoras, la construcción de una planta desnitrificadora y otra desulfuradora. Pero, a diferencia de lo que ha hecho la térmica de As Pontes, que sí cumple ya con estas obligaciones, ha tirado la toalla porque no lo considera viable.

 Pero, más tarde o más temprano, los días de la planta estaban contados. Porque aunque la compañía adaptase la instalación a las exigencias de la directiva 2001/80/CE para limitar determinados gases procedentes de grandes instalaciones de combustión, difícilmente podría cumplir la futura normativa para reducir el dióxido de carbono, el principal causante el cambio climático. En principio, las centrales que quieran seguir recibiendo subvenciones públicas por los denominados pagos por electricidad, -los que se abonan a las fábricas de carbón y ciclos combinados para que estén disponibles en caso de necesidad del sistema- deben reducir sus emisiones de CO2 a 550 gramos por kilovatio hora. Meirama está lejos de cumplir el objetivo, pero también As Pontes, ya que ambas se sitúan en algo más de 900 gramos por kilovatio hora.

«Se houbo anos en que reduciron as emisións de dióxido de carbono non foi porque introduciran melloras tecnolóxicas para rebaixalas, xa que como moito só se diminuirían nun 10 %, senón porque coincidiu en ciclos en que producían menos electricidade. Por exemplo, o ano que menos emitiu Meirama foi o 2010, que coincidiu con unha grande oferta eólica e hidráulica», explica Xosé Veiras, de la plataforma Galiza, un Futuro sen Carbón y de Ecologistas en Acción.

En el 2017, el último año con datos disponibles, la instalación cercedense liberó a la atmósfera un total de 2,38 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale al 40 % de todos los gases generados por todo el transporte en la comunidad, fundamentalmente por carretera.

Para Tatiana Nuño, de Greenpeace, el cierre de Meirama, que ha celebrado, obedece a las «exigencias ambientales marcadas desde Europa, que están dando una señal clara hacia la desinversión del carbón», aunque lamentó que no se hubiera planificado para dar una alternativa a los trabajadores.