El de la basura en A Coruña, o el de la zona azul en Vigo, los casos más recientes
25 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Los conflictos laborales en empresas que gestionan servicios municipales son una constante en buena parte del territorio gallego. Guerras que termina pagando el ciudadano. En A Coruña, esta misma semana, quedaron contenedores sin recoger en el centro de la ciudad. Son los coletazos del conflicto que a finales de enero dejó toneladas de basura en las calles durante cerca de diez días. Una guerra cuyo origen es el mal estado de los camiones y las barredoras que emplea la empresa de la recogida, que lleva dos años sin contrato. La anterior concesión, que supera los 10 millones de euros anuales, terminó en enero del 2017. Desde entonces, el servicio está en precario y se paga mediante facturas que deben ser legalizadas por el alcalde o el pleno. Tras varios accidentes graves con la maquinaria, entre ellos uno que costó la vida a un trabajador en septiembre, que todavía está siendo investigado, los trabajadores se niegan a utilizar los vehículos que no cumplen las medidas de seguridad o que sufren averías. Eso provocó la citada interrupción casi total del servicio en enero, y los problemas posteriores.
Aunque no es un conflicto laboral, también el transporte público tiene problemas. Por el momento se dirimen en los juzgados, a los que ha recurrido la concesionaria, la Compañía de Tranvías, para recurrir dos decisiones del gobierno local: declarar caducada la concesión y bajar de forma unilateral las tarifas del servicio. El plazo de la concesión terminaría, de acuerdo al contrato, en el 2024. Sin embargo, el gobierno local considera que debió acabar en el 2016, de acuerdo a la normativa de la UE. La bajada de tarifas entró en vigor el pasado 1 de febrero. Se aplicó sin acordarla con la empresa. La firma entiende que se ha vulnerado el contrato, que prevé que el precio del billete se determine de acuerdo a una fórmula polinómica, no a la decisión unilateral de la Administración.
El asunto también está en manos de los juzgados, y el gobierno local no descarta tener que compensar la bajada a la concesionaria. Mientras, tanto la dirección de la empresa como los representantes de la plantilla han advertido que la reducción puede repercutir en el buen funcionamiento del servicio.
Aparcamiento
A comienzos de este año, los trabajadores de la zona azul de Vigo cesaron la huelga que mantenían desde el mes agosto tras llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio, Dornier, firma que despidió a varios trabajadores tras hacerse con el contrato, lo que desencadenó un conflicto en el que hubo encierros y una huelga de hambre. Finalmente, los ocho despidos quedaron reducidos a tres y los empleados recuperaron 55 días de salario. Durante todo este tiempo, los problemas de aparcamiento se agravaron debido a la poca rotación, y los comerciantes expresaron sus quejas por falta de espacio en la vía pública.
Los de A Coruña y de Vigo no son los únicos casos. El pasado año, en Ourense, hubo un conflicto con la basura, y en la gestión de este servicio también asoman nubarrones en Ferrol. La convocatoria de una huelga ha vuelto a planear en la ciudad por las deudas del Concello con la empresa concesionaria, Urbaser, que lleva también la limpieza viaria, y a quien el municipio debe casi un millón de euros. Esto es lo que propició que la firma paralizase la mesa de negociación del convenio colectivo. El alcalde llegó incluso a culpar a la oposición de empujar a los trabajadores a parar el servicio por intereses políticos.
En Lugo, por ejemplo, los vecinos denunciaron el pasado verano la situación de algunos de los 4.000 contenedores colocados en las calles. Muchos se veían obligados a llevar guantes en el momento de depositar la basura porque el sistema de apertura de pie de muchos de los recipientes no funcionaba. La empresa, que opera con el contrato prorrogado, ni los había cambiado, ni tampoco arreglado.
También en las villas
En Cee, por ejemplo, se ha vivido una situación esperpéntica con la piscina. Han pasado dos años, ocho meses y 23 días de la huelga de los trabajadores que estaban sin cobrar y que precipitó el cierre. La piscina ha vuelto a abrir sus puertas, con 400 abonados y con servicio de gimnasio. Errores en la gestión abocaron a este equipamiento municipal a casi tres años de cierre.