
La empresa pública es responsable del 40 % de los malos resultados de la SEPI
16 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Desde hace doce años, Navantia no ha dejado de anotarse resultados negativos, ejercicio tras ejercicio. En el 2017, la empresa que preside Susana de Sarriá registró las mayores pérdidas de su historia, con 296,48 millones de euros después de impuestos en rojo, y el pasado año el balance económico volvió quedarse muy lejos de los números positivos. Así, de acuerdo con las cuentas anuales que acaba de publicar el accionista único de la compañía, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Navantia registró durante el pasado año 224,98 millones de euros en pérdidas. Es decir, 71 menos que doce meses antes, lo que no evitó que su situación financiera volviese a ser tan comprometida que tuviese que intervenir su propietario para evitar que entrase en causa de disolución.
Así, como viene sucediendo en los últimos años, la SEPI concedió a Navantia un préstamo participativo en marzo del presente año por valor de 215 millones de euros «con el fin de reforzar su situación patrimonial». Este tipo de créditos computan como patrimonio neto y permiten que la empresa que los recibe pueda devolverlos con mayor o menor interés dependiendo de si obtiene ganancias o pérdidas.
Así las cosas, los astilleros públicos españoles son responsables del 41 % de las pérdidas registradas por la corporación pública durante el pasado año. La SEPI se anotó 544 millones de euros en negativo, procedentes fundamentalmente de la empresa naval, de Correos (con 152 millones en negativo) y de Hunosa, con 71 millones de pérdidas, entre otros.
Plan de futuro
Después de pasar unos años de sequía de contratos -en el arranque de esta década- la situación se modificó en los últimos ejercicios para los astilleros públicos, lo que no ha posibilitado que se produjese un vuelco a su situación económica. Precisamente para lograr su saneamiento, Navantia firmó con sus representantes sindicales a finales del pasado año la aplicación de un plan estratégico que implica la prejubilación escalonada de 2.200 trabajadores -unos 900 en los astilleros de la ría ferrolana- y la contratación de 1.658 nuevos empleados hasta el 2022.
Además, se marca el reto de lograr en este período una cartera de pedidos por valor de 11.000 millones de euros, casi la mitad de los cuales están ya comprometidos, con los 2.000 millones en los que está valorado el contrato para la construcción de las cinco corbetas para la Armada saudí que ya están en fabricación en el astillero de San Fernando (Cádiz) y los más de 4.000 millones de las F-110 -encargo firmado el pasado marzo- que se ejecutarán en Ferrol.
Por el momento, debido a que el plan estratégico ha empezado a ponerse en marcha este mismo año, no ha tenido un reflejo en las cuentas de la compañía. Habrá que esperar al próximo ejercicio para comprobar el resultado de su aplicación.