Las empresas con grandes beneficios, como Telefónica o los bancos, tienen que rascarse el bolsillo para las bajas incentivadas. El Estado no las paga desde el 2012
13 sep 2019 . Actualizado a las 09:52 h.Para empezar, «la prejubilación no existe». Así responde Pedro Blanco, abogado y coordinador de los servicios jurídicos de UGT, cuando se le requiere para que arroje luz sobre la maraña de instrumentos laborales que manejan las empresas para quitarse de encima personal por las buenas, y al hilo del enésimo plan de bajas incentivadas -mal llamadas prejubilaciones, pues en realidad son despidos pactados- de Telefónica para adelgazar la plantilla en casi 5.000 empleados de 53 o más años. Pero ¿las pagará papá Estado o no?, se preguntarán rabiosos. Pues, en este caso no, la multinacional española se tendrá que rascar el bolsillo a base de bien y asumir el coste. ¿Por qué? Porque tiene beneficios (3.300 millones en el 2018).
Pedro Blanco explica que lo que se conoce como prejubilaciones son despidos. Los trabajadores van al paro durante un máximo de dos años cobrando, si no tienen hijos, un tope de 1.200 euros mensuales, que salen de las arcas del Estado. A partir de esos 24 meses, si se trata de mayores de 52 años, y tienen cotizados más de quince, perciben un subsidio por desempleo de 500 euros (el 75 % del sueldo mínimo interprofesional) hasta la jubilación. Ese dinero también procede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las empresas que pactan esos despidos con los trabajadores lo que hacen es completar cada una de esas prestaciones (primero la del paro y luego el subsidio) para engordar la nómina y la base de cotización para llegar a la jubilación con un retiro más o menos dorado. Esta es la norma general, es decir, el Estado y las compañías pagan conjuntamente esas bajas laborales pactadas. Pero hay una excepción importante, recogida en la popularmente conocida como cláusula Telefónica del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.
El Gobierno Zapatero se cansó de que la multinacional española abusara de los despidos subvencionados por el Estado, cuando en el 2011 anunció que quería prescindir de 6.500 empleados. Y creó la famosa cláusula. Esta recoge que las empresas con más de cien trabajadores que quieran adelgazar plantilla de 50 o más años y que hubieran tenido beneficios en los dos años previos al expediente de despido colectivo tendrán que asumir el coste del proceso.
De esta manera, al margen de las condiciones económicas que pacte con los sindicatos para complementar los subsidios hasta la jubilación de los afectados, Telefónica tendrá que devolver al Estado todo el gasto generado por las bajas (esos dos primeros años de paro y los siguientes con el subsidio para mayores de 52).
El mismo cuento se puede aplicar a los principales bancos, que últimamente están aplicando expedientes de regulación de empleo para adelgazar plantilla de modo menos traumática.
Jubilación anticipada o parcial
Prejubilación no existe, sí la jubilación anticipada para trabajadores despedidos a partir de 61 años. Colectivos con coeficientes reductores (como los mariscadores) pueden irse mucho antes (con 55), pero «cuanto antes anticipes la jubilación, más penalización en el sueldo», según Pedro Blanco. La Seguridad Social abona la pensión. La empresa, nada.
La jubilación parcial también es para mayores de 60 que reducen jornada laboral y compatibilizan una pensión con el salario hasta que alcance la edad del retiro ordinario. En torno al 75 % del sueldo lo asume la Seguridad Social; el 25 %, la compañía. Esta puede acogerse a esta figura, pero a cambio está obligada a efectuar un contrato relevo para cubrir la jornada que ya no realiza el empleado veterano. Este tipo de jubilación es fruto de un acuerdo triangular entre el Estado, la empresa y el trabajador.
El retiro ordinario está ahora fijado en 65 años y ocho meses. La Seguridad Social paga el 100 % del retiro.
Telefónica se gastará 1.600 millones en un año para enviar a casa a más de 4.000 empleados
El consejo de administración de Telefónica España aprobó ayer un nuevo plan de bajas voluntarias para mayores de 53 años, que tendrá un coste previsto de 1.600 millones, aunque registrará ahorros anuales de 220 millones desde el 2021, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Afectará, explicaron a Efe fuentes sindicales, al 21,3 % de la plantilla, unos 4.600 trabajadores. Las condiciones de salida se comenzarán a negociar hoy con los sindicatos aunque serían similares al Plan de Suspensión Individual de Empleo (PSI) que se aplica desde el 2016 y al que se han acogido 6.300 empleados, con un coste para la multinacional de 3.800 millones en tres años.
La plantilla de Telefónica no ha hecho más que adelgazar en los últimos ejercicios. Entre 1999 y el 2013 sumó 31.500 bajas por distintos expedientes de regulación de empleo (ERE).
«El convenio colectivo firmado hace cuatro años nos ha permitido grandes avances y nos ha dotado de estabilidad sociolaboral en este período. Pero ahora tenemos que ser más ambiciosos y evolucionar hacia una compañía más digital y preparada para los desafíos futuros», explicó el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.
De esta forma, la intención de la entidad es dotar de nuevas habilidades a los trabajadores y continuar con los avances para la digitalización y robotización de procesos. La previsión es que en los próximos años más de la mitad de sus ventas se generen a través de canales digitales.
De esta forma, la corporación pondrá en marcha un programa de formación para mejorar las capacidades de los trabajadores.
Esta iniciativa supondrá que más de 6.000 empleados participen en planes de reskilling, centrándose en áreas como seguridad, robotización, analytics, desarrollo web, consultoría de negocio o metodología Agile.
Miles de torres a la venta
Además, la multinacional se plantea vender 50.000 torres de telecomunicaciones en los próximos 12 meses como parte de la estrategia para intentar aumentar el precio de la acción. Los títulos de la multinacional se desplomaron en agosto a su nivel más bajo desde 1997, aunque en el último mes han repuntado casi un 5 %.
La compañía de telecomunicaciones opera a través de unas 130.000 torres en todo el mundo y es propietaria de 68.000, de las que 18.000 pertenecen a Telxius, su empresa de infraestructuras de telecomunicaciones. Lo que analizará ahora es si vender estas 50.000 torres que a Telxius o a terceros.
