El expresidente de Pescanova, en el banquillo por el maquillaje contable que casi quebró la firma, empezó asumiendo la responsabilidad de la gestión y acabó descargando el desastre en el auditor
07 jun 2021 . Actualizado a las 17:03 h.El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, asumió este miércoles toda la responsabilidad en la gestión que llevó al gigante pesquero al borde de la quiebra. «Yo era el presidente ejecutivo. Yo era, hasta el último día, el único responsable de todo lo que se hiciera, mal o bien, en Pescanova», respondió a preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pavía, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga, junto con la antigua cúpula de la firma, por maquillar las cuentas para ocultar una deuda de 3.600 millones de euros, que abocó a la compañía a uno de los mayores concursos de la historia de España.
Sin embargo, aunque durante las casi ocho horas que se prolongó su declaración Fernández de Sousa insistió repetidamente en que él era el responsable, el que más sabía de la compañía y el que había cometido «errores»; el expresidente acabó virando luego para descargar las culpas del desastre, especialmente sobre BDO, que fue la auditora externa de Pescanova durante una década.
«Durante los diez años que BDO nos auditó no recibimos nunca ninguna queja, ni de ellos, ni de su supervisor, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ni una sola vez me dijeron ‘tiene usted que corregir esto porque lo está haciendo mal’», aseguró, en referencia a unas cuentas que ocultaban el desbocado pasivo de la compañía a la banca, los inversores y el supervisor, con el objetivo de seguir obteniendo una financiación con la que poder seguir adelante. Recordó que BDO no hizo constar nunca salvedades, hasta febrero del 2013, cuando, al quedar al descubierto los problemas financieros, el consejo de administración de la empresa no aprobó las correspondientes al ejercicio 2012.
«Soy el principal perjudicado»
«No creo que haya habido intencionalidad alguna, pero hubo errores en el trabajo de BDO y yo soy el principal perjudicado», aseguró, recordando, casi al borde de las lágrimas, que lo había perdido «todo». No fue la única vez que la emoción le quebró la voz. También tuvo que interrumpir su declaración cuando, al hablar de cómo introdujo en la empresa a su hijo Pablo (también acusado en la causa), recordó a su padre -fundador de la compañía en 1960-, o al relatar las discrepancias con su hermano Fernando, igualmente sentado en el banquillo. «Habida cuenta de por qué hoy estamos aquí, lo hice mal», dijo.
Pero la contrición mostrada en algunos momentos sobre una gestión que puso a Pescanova al borde del abismo contrastó con otros en los que mostró orgullo, arrogándose el haber «protegido» el negocio: «No se ha perdido ni un solo puesto de trabajo. Algo habremos hecho bien. No lo habremos hecho todo tan mal. La empresa sigue adelante».
28 años de cárcel
Fernández de Sousa es el principal acusado del caso. Se enfrenta a una pena de hasta 28 años de cárcel y más de 22 millones de euros de multa, acusado de la presunta comisión de ocho delitos: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor.
El fiscal comenzó el interrogatorio preguntando al expresidente por la relación jerárquica de los otros dieciséis exdirectivos y consejeros imputados, a los que se suman el auditor, Santiago Sañé; y la esposa de Fernández Sousa, María Rosario Andrade, esta por alzamiento de bienes y, alternativamente, blanqueo. «¿Le reportaban a usted directamente?», inquirió Pavía, a lo que el acusado respondió que no necesariamente todos, aunque eran personas de «su máxima confianza» y que se encargaban de los cometidos correspondientes a sus áreas (desde auditoría interna a finanzas o administración), pese a que él fuera el responsable último.
Un ejemplo de las contradicciones en las que incurrió durante su larga declaración es que, pese a sostener que él fijaba las retribuciones y que todas las decisiones pasaban por sus manos, dijo no saber por qué en el año 2012 se le subió el sueldo en 54.000 euros a Carlos Turco, jefe financiero de la filial Pescafina, que sustituía a Antonio Táboas -recién jubilado- como director financiero de Pescanova. «No era el director financiero, yo estaba buscando uno precisamente», dijo.
«Sabían de los problemas»
No mostró dudas, por contra, al aseverar que los miembros del consejo de administración sabían que Pescanova tenía «problemas de tesorería». Según el escrito de acusación del fiscal, fue en febrero del 2013 cuando se desveló la dramática situación financiera, a raíz de una reunión previa al consejo del día 27, en el que debían aprobarse las cuentas anuales del 2012.
A dicho encuentro, el 25 de febrero en Madrid, convocó a los cuatro principales accionistas -Alfonso Paz Andrade, José Antonio Pérez-Nievas y los representantes de la corporación Damm y del fondo Luxempart, José Carceller y François Tesch respectivamente- para solicitarles que aportaran 50 millones de euros para salvar la empresa, ya que no tenía liquidez para afrontar el pago de una cuota que vencía de un crédito sindicado de 150 millones. Explicó que se trataba de ganar tiempo (un mes) para vender a mejor precio la filial salmonera de Chile. «La reunión era para preguntarles si podían o no ayudar. Yo lo hice, y por eso consideré que el resto podían poner un mes 50 millones para no vender con anticipación el negocio del salmón perdiendo dinero. Obtendríamos 240 millones que resolverían nuestros problemas [una deuda que les ahogaba] un año», explicó, subrayando que «una empresa se salva por la tesorería».
El intento -según su relato- fue estéril. En el consejo del día 27, al conocer el resto de miembros lo ocurrido, se negó a firmar las cuentas del año 2012, que debían remitir a la CNMV. En lugar de eso, aprobaron ir a preconcurso de acreedores. «Lo que fuese para mantener viva Pescanova», defendió.