Galicia, Asturias y Cantabria se embarcan en la operación para salvar la industria
ECONOMÍA
Las tres comunidades pactan con las empresas electrointensivas alegaciones para arrancar más incentivos eléctricos al Gobierno central
21 feb 2020 . Actualizado a las 12:52 h.Todos a una, Fuenteovejuna. No están todas, pero sí las tres comunidades del norte de España que concentran buena parte de la industria electrointensiva (la que consume cantidades ingentes de electricidad para llevar a cabo sus procesos productivos) del país. Galicia, Asturias y Cantabria se han embarcado juntas en la misión salvar la industria, y han pactado las alegaciones que cada una de ellas enviará al Ministerio de Industria para intentar arañar más incentivos eléctricos para garantizar la competitividad del sector. En alianza con las propias empresas, Xunta, Principado y Gobierno cántabro remitirán un texto con el que tratarán de enmendar el estatuto del consumidor electrointensivo.
Los Ejecutivos autonómicos aceptan las tres medidas propuestas por los ministerios de Industria y Transición Ecológica, aunque las consideran insuficientes, pues, explican en sus alegaciones, suponen una reducción media de 2,25 euros por megavatio hora, cuando lo que necesita el sector, añaden, son 10. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) estima, en cambio, un ahorro de seis euros, aunque el cálculo lo realizó la patronal suponiendo que la partida dedicada a las compensaciones por el impacto de los derechos de emisión ronde los 200 millones de euros anuales, una cantidad que no está asegurada pues se recogería en los Presupuestos Generales del Estado y cada año podría variar (de hecho, ya lo ha hecho en los últimos ejercicios).
Sí coinciden patronal y Gobiernos autónomos en la necesidad de reducir el precio eléctrico en diez euros, que es lo que están pagando de más las industrias españolas en comparación con las galas y las alemanas. Así, en el 2019, el megavatio hora costó de media en España alrededor de 50 euros; en Francia, 40; y en Alemania, 38, según datos de AEGE. Sin embargo, en este 2020, el panorama es, de momento, bien diferente, pues el coste se ha abaratado aquí hasta los 41 euros, frente a los 35 y 37 de los países vecinos. La diferencia se ha acortado a la mitad. Según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la influencia de la nueva capacidad de tecnologías renovables puestas en servicio desde el 2019.
El mercado es volátil y delicado como la seda, así que para asegurar un precio eléctrico competitivo —que el sector sitúa por debajo de los 40 euros—, la Xunta propone varias medidas adicionales. Entre ellas, compensaciones en los peajes de la factura que se dedican al pago del servicio de transporte y distribución. También plantea eximir del coste de la interrumpibilidad a los consumidores que ofrecen ese servicio, y que pagan todos los usuarios en el recibo.
Las comunidades reclaman también que se distingan dos categorías diferentes de consumidores electrointensivos (el estatuto no lo hace), de modo que los que más consuman, reciban más compensación.
Además, piden recuperar las subastas del servicio de interrumpibilidad, que en teoría van a desaparecer tal y como están concebidas.
Las obligaciones de las empresas: mantener solo el 15 % de la actividad y el empleo
La creación del estatuto del consumidor electrointensivo es fruto de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del 2018. El Ejecutivo reaccionaba así con cierta prontitud a la amenaza lanzada el mes anterior por Alcoa para cerrar las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés. Un año y pico después de aquel drama, las plantas siguen abiertas —aunque en otras manos y con las cubas de electrolisis en las que se elaboraba el metal paralizadas— y todavía no hay estatuto. Aunque están en ello. En aquel real decreto, el Gobierno de entonces —que es el de ahora, pero sin Unidas Podemos— se comprometía a aprobar las medidas de contención del precio eléctrico industrial en un plazo de seis meses. Lo intentó. Pero el primer borrador de estatuto acabó en la papelera porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia avisó de que algunas de las cosas que planteaba podrían ser tumbadas por la Comisión Europea porque olían a ayudas de Estado. Así que ahora, en la nueva propuesta, el Ejecutivo ha sido más austero y cuidadoso con las medidas para que Bruselas no puede decir ni mu. De hecho, incluye mecanismos con los que están más que familiarizados otros países de la Unión para apoyar la competitividad de su propia industria. Pero lo que no cambiará son las obligaciones que contraen las empresas que se beneficien de estos mecanismos de apoyo económico. La más llamativa —sobre todo para los sindicatos— es que las compañías se irán de rositas, y no tendrán que devolver ni un euro, aunque reduzcan actividad y empleo hasta un máximo del 85 % durante los tres años siguientes a la concesión de la ayuda. Tanto CC.OO., como UGT y la CIG han incluidos en sus alegaciones al estatuto que se modifique esa condición. Comisiones y CIG exigen que las empresas estén obligadas a no tocar ni empleo ni actividad durante esos tres años, mientras que UGT propone que se blinde como mínimo el 60 % de la producción y del personal, así como que si la empresa presenta un ERE quede excluida de las compensaciones.
Feijoo: «Se o estatuto se aproba como está, Alcoa pecha»
Juan Capeáns
Al término del Consello da Xunta, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, recordó que: «No acordo de Alu Ibérica estableceuse un prezo tipo para reactivar a produción de aluminio primario, e este papel que se chama estatuto das electrointensivas o que fai é disparar o prezo. En vez de garantir o futuro, é un parte de defunción das industrias electrointenstivas, porque reparte os fondos de cen empresas entre seiscentas, a maioría no País Vasco e Cataluña. Se se aproba como está, Alcoa San Cibrao, pecha. O dicimos, e isto non é un problema político». Por su parte, Alcoa en sus alegaciones incide en que las medidas del estatuto no permiten un precio competitivo para producir aluminio primario en San Cibrao. Sostiene que ha de ser inferior a los 35 euros el megavatio a largo plazo.
