El Gobierno le vuelve a pedir a la multinacional que reconsidere el cierre de la única fábrica de aluminio de España, en San Cibrao
30 may 2020 . Actualizado a las 21:59 h.En la crisis industrial anterior desatada por Alcoa, cuando a finales del 2018 amenazó con cerrar las plantas de A Coruña y Avilés, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ya había advertido a la multinacional de que estaba obligada a devolverle a Galicia y a España al menos parte de todo lo que le habían dado. Ahora, tras el anuncio de despido colectivo para 534 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao, la única que queda en España, Maroto ha vuelto a repetir el mensaje, aunque de otra forma. La ministra apeló a la corresponsabilidad de la empresa con el territorio que tantos beneficios le ha reportado en los últimos 22 años. Por si esto no fuera suficiente para convencer a la compañía, Maroto le recordó que, si opta por los despidos finalmente, la empresa tendría que devolver 38 millones de euros en ayudas públicas recibidas en los dos últimos años vinculadas al mantenimiento de empleo.
Desde diciembre del 2018, los incentivos eléctricos que reciben las compañías (Alcoa, entre ellas), vía subasta de interrumpibilidad o compensaciones por los costes indirectos de CO2, están condicionados al mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. Aunque la norma es bien laxa, pues solo obliga a las empresas a preservar el 15 % de esas variables, algo que los sindicatos rechazan.
No solo Industria le ha pedido a Alcoa que reconsidere la aplicación del despido colectivo, también la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Más cuando, avanzó, el Ejecutivo espera recuperar la tramitación del estatuto para la industria con un elevado consumo de energía (electrointensiva), como Alcoa, «a la mayor brevedad posible», una vez la evolución de la pandemia permita destinar los recursos y la capacidad necesaria.
Montero admitió que el documento, con medidas de apoyo a la industria para reducir costes eléctricos, ya debería estar aprobado -se prometió hace año y medio-, pero que, pese a que la norma ya estaba «muy avanzada», la llegada del covid-19 al país interrumpió su tramitación en marzo.
El coste de la electricidad en España -unos 20 euros el megavatio por encima del resto de países europeos, según la patronal- es uno de los factores que han contribuido a que, primero las fábricas de A Coruña y Avilés, y luego la de San Cibrao, acumulen pérdidas. Aunque también ha influido el mercado internacional de ese metal, inundado por las importaciones chinas.
Feijoo: «Si Alcoa cierra por los precios de la energía, habrá otras electrointensivas de otras comunidades que también cerrarán. Esto es el primer aviso»
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, invitó al Gobierno del Estado a aclarar «si quiere» que continúen operando en el país industrias como Alcoa y que, si es así, instó a que apruebe el estatuto que haga «viable» y «competitivo» producir aluminio primario en España. Feijoo recordó que el Ejecutivo estaba advertido de que Alcoa no podía operar a los precios de energía actuales. «Lo llevamos diciendo desde hace años, al Gobierno de Zapatero, al de Rajoy y ahora al de Sánchez. Con los primeros encontramos soluciones, con el actual no hemos encontrado la mínima intención para que Alcoa siga operando», aseveró el presidente gallego, que acusó al Gobierno de priorizar la «ideología» en su política energética e industrial.
Pero avisó de que «si Alcoa cierra por los precios de la energía, habrá otras electrointensivas de otras comunidades que también cerrarán. Esto es el primer aviso»
Por su parte, los senadores del PP Juan Manuel Juncal y José Manuel Barreiro han presentado una petición de comparecencia de las ministras para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, para que informen sobre la crisis generada en Alcoa.
