La reacción de los partidos ante Alcoa: marco eléctrico estable, nacionalización y presión institucional
ECONOMÍA
Populares y socialistas abogan por la unidad de acción para salvar los empleos, y el Bloque insiste en la intervención pública
28 sep 2020 . Actualizado a las 14:27 h.Un mismo fin, salvar los empleos de Alcoa, y distintas vías ante un nuevo varapalo para el futuro de la industria del aluminio en Galicia. Los tres partidos con representación parlamentaria han valorado la angustiosa situación que viven los trabajadores de esta empresa y sus auxiliares tras fracasar la operación de compra. El portavoz popular, Pedro Puy calificó la coyuntura de «decepcionante» e hizo un llamamiento para que las Administraciones implicadas, Gobierno y Xunta, mantenga la sintonía alcanzada en los últimos meses para seguir buscando soluciones satisfactorias. El representante del grupo mayoritario se mostró partidario de «analizar todas as cuestións» y la voluntad de ser «construtivos e leais» con aquellos que aporten soluciones. Entre otras, Puy considera clave avanzar con urgencia hacia un marco estable de los precios eléctricos, un obstáculo que ayudaría en esta operación y evitaría que la crisis se contagie entre otras industrias electrointensivas.
El BNG tiene claro que la salida y la conservación del empleo pasa por la nacionalización de Alcoa, a la que acusa de actuar con «mala fe». Ana Pontón entiende que se han superado ya todos los debates empresariales y que la solución debe llegar ahora desde la política, y más concretamente a través de la intervención pública. La portavoz nacionalista aseguró que se trata de una solución que encaje en la legalidad de España y Europa, donde recordó que se están impulsando iniciativas similares en países como Portugal o Alemania, dispuestos a salvar así a sus sectores estratégicos. Pontón enviará esta mañana sendas cartas al presidente del Gobierno y al de la Xunta para reclamarles una respuesta «contundente» que esté a la altura de la reacción social que ha tenido A Mariña.
Los socialistas gallegos apuestan en su caso por ejercer la máxima presión institucional sobre Alcoa para que reconsidere su negativa a la venta. Gonzalo Caballero cree que el incumplimiento del compromiso para facilitar la transacción no tiene justificación y existe un «indicio de fraude» por parte de una multinacional, que recibió fondos públicos durante los últimos años. Por eso sostiene el portavoz del PSdeG que el Gobierno y la Xunta, «dentro da legalidade», deben de ejercer «toda a presión» para vigilar los movimientos laborales de la compañía, así como garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. «Hai unha balsa de lodos», recordó Caballero, quien advierte que su gestión por cierre puede tener costes «multimillonarios».
