Medidas cautelares «urxentes», administración judicial y embargos en Alu Ibérica A Coruña, la petición de los sindicatos a la Audiencia Nacional

Los registros efectuados por la UDEF podrían saldarse ya con «decenas de detenidos»

udef

«Tras el necesario trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, dirigido por este juzgado central de instrucción, es necesario, además, conservar las unidades productivas operativas a fin de salvar los puestos de trabajo de centenares de trabajadores de A Coruña y Avilés, y del propio futuro de la empresa», así arranca el escrito que Comisiones Obreras ha entregado este viernes en la Audiencia Nacional de Madrid y al que ha tenido acceso La Voz. 

Esclarecer los presuntos delitos penales que se pudieron cometer en la venta realizada en julio del 2019 por parte de Alcoa a Parter es uno de los objetivos del sindicato, pero igual de importante es velar por la continuidad de la actividad fabril. Por eso, en una carta redactada por su despacho de abogados y remitida a la Audiencia Nacional, donde se lidera la investigación al admitir a trámite el Juzgado Central de Instrucción número Tres la querella en diciembre, piden «apartar a los investigados de la administración de la compañía, pues sus acciones posiblemente tengan consecuencias irreparables».

Como ya hizo antes el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales, CC.OO. insiste en la necesidad de aplicar «medidas cautelares urxentes» en las plantas que Alcoa vendió en julio, es decir, las fábricas alumineras de A Coruña y Avilés. El motivo, argumentan, que «de no efectuar esas medidas cautelares, uno de los fines de la actividad delictiva se vería facilitado, con imposible solución a posterior, efecto buscado por dicha actividad».

Administración «judicial»

Como también dice el escrito de la Confederación de Cuadros Profesionales, CC. OO. remarca que, «sin garantías ni avales, frenando la actividad productiva; sin plan de negocio, perdiendo las inversiones pactadas por Alcoa y poniendo en riesgo los contratos de trabajo; aumentando la deuda con proveedores, abocada a una insolvencia que pudiera resultar irreversible, lo que se impone es que las empresas querelladas sean administradas judicialmente», clama la petición. 

«Previo informe del Ministerio Fiscal», solicitan: «La suspensión de facultades de administración de los administradores y apoderados preexistentes de Alu Ibérica AC SL, Alu Ibérica AVL SL, System Capital Management, PM MR 1986 SL y las sociedades pantalla Alu Holding LC Spain SL y Alu Holding AVL 2019 SL, que titulan las plantas de A Coruña y de Avilés respectivamente».

El escrito, incluye más peticiones. Son la suspensión cautelar de los contratos de compraventa, suscrito entre Alcoa a Parter Capital Group AG y sus filiales, sí como la transmisión de Parter a Grupo Industrial Riesgo, bien sea directamente o por personas jurídicas interpuestas (las sociedades Alu Holding), así como la prohibición de transmisión de activos de cualquiera de las empresas.

El embargo preventivo de bienes de los querellados, personas físicas y jurídicas, con el fin de garantizar el abono de salarios, seguros sociales, planes de pensiones, proveedores y administraciones públicas, es otra de sus solicitudes. También añaden el embargo preventivo de las participaciones sociales de las compañías Alu Holding LC SL Y Alu Holding AVL SPAIN 2019 SL, tituladas por System Capital Management SL y por Blue Motion Techologies Holgind AG. «Y, en igual forma y por los mismos motivos, se interesa también el embargo preventivo de las participaciones sociales de lacompañía System Capital Management SL, titulada a su vez por PM MR 1886 SL», detalla el escrito. Por último, remarcan la necesidad de la prohibición de la disposición de activos.

La posición de Asturias

Desde Asturias, donde está otra de las plantas de Alu Ibérica, ha trascendido este viernes que el Principado apuesta por intervenir públicamente Alu Ibérica ante la «mala fe» de Alcoa al traspasar las plantas de Avilés y A Coruña a «unos grupos que no han mostrado capacidad para mantener la actividad y el empleo», dada su falta de interés por la continuidad de la producción de aluminio en España», indica el Gobierno de la autonomía. 

Los cuatro detenidos, en libertad

Mientras, el secreto de sumario impide conocer más motivos de las «decenas de detenciones» que, según fuentes cercanas a la fábrica, se han realizado en las últimas 24 horas. Este jueves, la Audiencia Nacional movilizó a más de 100 agentes tanto en A Coruña como en la fábrica de Avilés, así como en las provincias de Madrid, Málaga y Castellón. A última hora de la jornada del jueves, trascendió que se habían producido tres detenciones: dos en Madrid y una en Málaga. Iba a ser retenida una cuarta persona en Castellón, pero estaba de viaje. En relación a estas detenciones, según fuentes próximas a la investigación, los cuatro interrogados han quedado en libertad con medidas cautelares. Se trata de Diego Peris, al que se le retira el pasaporte y se la prohíbe salir del país; Luis Losada Gómez, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal tienen las mismas medidas cautelares además de comparecencias mensuales. 

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Mila Méndez

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No es la reacción habitual. Cuando este jueves por la tarde los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a abandonar las instalaciones de Alu Ibérica en A Coruña, un nutrido grupo de trabajadores los esperó fuera, para aplaudirles. «Isto é esperanzador», comentó uno de los integrantes del comité de empresa. Mientras las Unidades de Intervención Policial (UIP) custodiaban las entradas y salidas de la antigua planta de Alcoa, dentro, los policías especializados en delitos económicos registraron durante ocho horas las oficinas, donde recabaron también testimonios entre el personal. El objetivo, hallar pruebas documentales que demuestren la existencia de un presunto delito de despatrimonialización fraudulenta.

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