El expresidente de Pescanova tardará aún más de 8 meses en saber si irá a prisión
23 mar 2021 . Actualizado a las 11:40 h.Los damnificados por la quiebra de Pescanova, en el año 2013, no están dispuestos a aceptar la libre absolución del que entonces estaba el frente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa. El 6 de octubre del 2020, la Audiencia Nacional condenó al expresidente del grupo pesquero a 8 años de prisión por los delitos de falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes. Pero en febrero de este año, el que fue el máximo accionista y responsable de la compañía durante 37 años (hasta el 2013, cuando afloró la insolvencia del grupo) elevó un recurso de casación ante la Audiencia Nacional solicitando la anulación de dicha sentencia por vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los delitos por los que fue condenado.
El juez dio de plazo hasta el 5 de abril para que las partes personadas se pronunciaran al respecto y, lo que consta hasta el momento es que el recurso de Fernández de Sousa está recibiendo una batería de impugnaciones, comenzando por la del Ministerio Fiscal que, según fuentes del proceso, rechaza de manera rotunda la petición de retirada de la condena planteada por los abogados de Fernández de Sousa, y argumenta en abundancia sobre los delitos de falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes que pesan sobre el expresidente de Pescanova.
9.000 accionistas
En la misma línea se encaminan los escritos de impugnación presentados o en camino, por parte de los afectados, la mayoría accionistas del grupo, que perdieron todo su dinero tras la entrada en concurso de la firma. Cabe recordar que, en aquel momento, los 9.000 propietarios de la compañía perdieron toda su inversión, y que muchos de ellos entraron en las ampliaciones de capital lanzadas por el grupo pesquero cuando este ya se encontraba en situación crítica, aunque su elevada deuda financiera no afloraba por ningún lado en las cuentas auditadas por BDO (también condenada en el proceso). Muchos de estos accionistas malvendieron cuando la compañía, convertida en vieja matriz de lo que ahora es Nueva Pescanova, regresó a la bolsa en el año 2016. Otros han optado seguir adelante en este largo proceso judicial que este mes cumple 8 años desde que aterrizó en la Audiencia Nacional. De ahí que, una vez llegados a este punto, y con el principal responsable condenado a 8 años de prisión, los denunciantes hayan optado por volcarse en las impugnaciones a la petición de absolución.
El expresidente de la pesquera considera que ha sido condenado «sin que se hayan practicado pruebas bastantes para enervar su derecho a la presunción de inocencia», según consta en el texto del recurso presentado por sus abogados. El documento se ampara en la supervivencia de la compañía durante ocho años después de las acciones juzgadas. «Se han enjuiciado unas conductas realizadas para salvar decenas de miles de puestos de trabajo, su producción, su futuro, su marca y un tejido industrial insustituible, objetivo que se ha conseguido con creces», sostiene el recurso. Sin embargo, lo que hoy es Nueva Pescanova sigue arrastrando todavía 100 millones de euros de la deuda heredada de la era De Sousa, a pesar de la capitalización de deuda de 542 millones de euros acometida recientemente por Abanca.
¿Faltan pruebas?
Pero De Sousa insiste en el argumento de la falta de consecuencias punibles de su actuación, afirmando que «ninguno de los responsables y directivos de Pescanova fue imputado o encausado por haberse apropiado o desviado ni un euro del patrimonio de la empresa». En sus alegaciones, ahora objeto de impugnación, el expresidente de Pescanova arremete una vez más contra «los instrumentos de financiación impuestos por los banco», a los que considera responsables de que la deuda financiera (3.600 millones de euros) no se reflejara en los estados financieros de manera correcta. Como consecuencia, según el recurso presentado por sus abogados, «los estados financieros de Pescanova contenían probablemente errores, pero no eran, en modo alguno, unos estados financieros falsos». Cuando el 5 de abril el juez tenga ya sobre la mesa todas las impugnaciones comenzará un nuevo período de estudio de toda la documentación, que se prevé largo. Fuentes del proceso aseguran que la resolución judicial al recurso no se conocerá antes de que pasen 8 meses o un año.
La capitalización de deuda de Abanca diluye a la vieja Pescanova al 0,6 % en el nuevo grupo
Nueva Pescanova ha conseguido reducir su cuantiosa deuda concursal a 100 millones de euros, y despejar su futuro, pero sigue teniendo al enemigo en casa. Su antigua matriz, Pescanova S.A., convertida ahora en una sociedad de cartera, cuyo principal activo es una participación en Nueva Pescanova que, tras la ampliación, ha quedado diluida al 0,6 %, frente al del 1,65 % que tenía hasta el pasado mes de febrero. La vieja sociedad, que cotiza en bolsa, votó en contra de la capitalización de deuda, precisamente. Y no solo eso. También ha anunciado que estudia la posibilidad de impugnar las ampliaciones de capital aprobadas, la voluntaria para capitalizar deuda, y la dineraria para minoritarios, a la que podrían optar. De no hacerlo, su participación bajará aún más, al 0,54 % dentro de Nueva Pescanova.
La vieja matriz, cuyo principal accionista sigue siendo, según la CNMV, Manuel Fernández de Sousa (aunque tiene las acciones bajo embargo judicial), cerró su último ejercicio (del 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020) con 13.000 euros de beneficio, frente a los 827.000 euros de pérdidas de hace un año, según su cuenta de resultados individuales. La empresa, que todavía no ha facilitado el balance consolidado, ha anunciado que obtuvo ingresos por 146.000 euros, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior (75.000 euros), gracias a sus ventas en el mercado internacional. Sus directivos recuerdan a través del organismo regulador que desde el año 2019 trabajan en un proyecto dirigido a retomar su actividad comercial en Bolivia, donde están dando sus primeros pasos.