La Xunta quiere dar ayudas a todas las empresas con caídas de ingresos del 45 %
ECONOMÍA
Las de los sectores fijados por el Gobierno podrán acceder a partir del 30 %
27 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta, a través de la Consellería de Emprego, rubricó ayer el convenio con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria que permitirá a la comunidad recibir los 234,47 millones de euros que el Gobierno le ha asignado dentro del plan de ayudas directas a las empresas. Un dinero que el Ejecutivo autónomo espera recibir de forma «inmediata», aunque todavía no tiene cerrada la orden que regulará la distribución de los fondos entre los autónomos y las pymes gallegas, que prevé aprobar durante el mes de mayo.
Ayer mismo la conselleira María Jesús Lorenzana, junto a otros altos cargos de su departamento, mantuvo un nuevo encuentro con los representantes de sindicatos, patronal y organizaciones de autónomos para diseñar los criterios de reparto. En el último documento de trabajo, la Xunta mantiene su apuesta de abrir las ayudas directas a las empresas de cualquier sector, y no solo a las del centenar de actividades que el Ejecutivo identificó como las más afectadas por la crisis.
El problema con el que se encuentra es que, aunque el Gobierno abrió la puerta a que las comunidades amplíen ese listado para incluir sectores especialmente sensibles en sus regiones que no estuvieran cubiertos, lo hizo dejando claro que debía tratarse de casos «excepcionales». De ahí que la conselleira haya transmitido a sus interlocutores su intención de consultar con el Ejecutivo esa universalidad que se pretende aplicar en Galicia, para evitar futuros recursos contra la orden de ayudas que apruebe la Xunta.
De momento, de cara a armar jurídicamente esa ampliación de sectores, Emprego apuesta por establecer requisitos más exigentes a las empresas que soliciten ayudas sin pertenecer a uno de los sectores que el Gobierno ha identificado como especialmente vulnerables. Las primeras tendrán que acreditar una caída de facturación de al menos un 45 % el año pasado, frente al 30 % que se exige en las fijadas por el Ejecutivo. Entienden que la excepcionalidad que se reclama a la hora de abrir la mano con las ayudas directas quedaría justificada al aplicarse solo a compañías en las que los ingresos se han reducido prácticamente a la mitad durante la pandemia.
En ese plan solo quedaría una zona gris: la de los autónomos que tributan por módulos, a los que según el borrador que maneja la Xunta no se les obligará a justificar el descenso en la facturación, por lo que sobre el papel cualquier profesional podría acceder a las ayudas.
Ayudas a empresas no gallegas
La orden que ultima la Consellería de Emprego prevé también que se puedan acoger a las ayudas directas los autónomos de temporada, incluso aunque no se encuentren de alta en la Seguridad Social en el momento de solicitarlas. Deberán acreditar que continúan con su actividad y que han estado cotizando un mínimo de cuatro meses y un máximo de nueve tanto en el 2019 como en el 2020.
En su caso, el importe de las ayudas sería de 1.500 euros, la mitad de lo que les corresponde a los autónomos que cotizan por módulos Además de abrir la mano con los profesionales por cuenta propia, la Xunta también estudia la posibilidad de dar ayudas a empresas o autónomos que no tengan su sede social en Galicia, siempre que su volumen de operaciones supere los diez millones de euros anuales y desarrollen su actividad en más de una comunidad.
El plan gallego, pendiente del «prohibido despedir», que el Gobierno mantendrá en la prórroga de los ERTE
La ampliación de las subvenciones a todos los sectores de actividad no es el único fleco que impide cerrar la orden que regulará las ayudas directas a las empresas gallegas. Patronal y sindicatos mantienen un pulso sobre la inclusión de una cláusula de mantenimiento del empleo que impida a las compañías beneficiarias despedir a algún trabajador durante los meses siguientes a recibir la transferencia de fondos públicos.
Aunque en su primer borrador la Xunta había establecido esa obligación de mantener el empleo hasta junio del 2022 (siguiendo el modelo de las anteriores órdenes de ayudas autonómicas, que prohibían el despido durante seis meses), en el último documento de trabajo ya no se recoge ese requisito. Y es que la patronal exige, como ayer remarcó la Confederación de Empresarios de Galicia, que «se mantengan las mínimas cargas para las empresas, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre en la que todavía estamos inmersos».
Alega la patronal que el decreto del Gobierno solo obliga a las empresas beneficiarias a mantener la actividad, pero no dice nada de preservar las plantillas, mientras que los sindicatos insisten en mantener todos los requisitos de las anteriores órdenes autonómicas.
Las que sí mantendrán la prohibición de despedir son las empresas que se acojan a un ERTE o prorroguen el actual a partir de junio. Así lo avanzó ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una entrevista en televisión, en la que dejó claro que mantendrá ese requisito en la negociación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, que vencen en mayo. Así, el contador para las compañías que quieran seguir beneficiándose de las ventajas de estos ERTE comenzará a funcionar de nuevo en junio y, por tanto, tendrán que mantener a los empleados que sufran la regulación de empleo al menos hasta diciembre.
Esta salvaguarda fue uno de los grandes escollos en la negociación de la última prórroga y todo apunta a que seguirá siéndolo ahora, ya que la patronal advierte de que las empresas están en una situación crítica y tendrán que recortar personal si quieren mantenerse a flote. Así lo volverá a exigir en la primera reunión que mantendrá el Ejecutivo con los agentes sociales para la ampliación de los ERTE, que se celebrará el 6 de mayo, anunció Díaz.
La ministra de Trabajo dio a entender que la nueva prórroga se mantendrá con un diseño muy semejante al que hay ahora. Sin embargo, tanto su homólogo de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, como la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, han avanzado que en verano se bonificará más a los trabajadores reactivados que a los que se mantengan en ERTE.