La industria sufre a la espera de que Ribera se decida a contener la luz
ECONOMÍA
La ministra para la Transición Ecológica prefiere seguir esperando a que Bruselas autorice su plan mientras el sector reclama la intervención del mercado eléctrico
11 mar 2022 . Actualizado a las 08:45 h.El estallido, hace dos semanas, de la guerra de Rusia contra Ucrania aceleró la carrera sin freno que habían iniciado los precios de los productos energéticos el verano pasado. La industria fue aguantado el tirón con bajadas de producción para ahorrar costes, pero a finales de año ya advirtió de que no aguantaría mucho más, que, o el Gobierno tomaba más medidas, o en el 2022 empezarían a cerrar. Y así está ocurriendo. Megasa y Ferroatlántica han apagado los hornos y, por tanto, toda la producción; y Xeal, la empresa que adquirió las fábricas de Ferroatlántica en Cee y Dumbría, ha apagado los de la primera planta, aunque mantiene activos los dos de la segunda. Y también está pasando que el metal gallego ya sufre paros parciales por falta de acero y aluminio, un problema agravado por el incremento de los costes energéticos.
Por contra, otras industrias con un elevado consumo eléctrico como Celsa, en A Laracha, tienen previsto retomar este viernes la producción después de tres semanas de parada técnica para la revisión anual de los equipos.
Mientras tanto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prefiere seguir esperando antes de actuar, para ver qué medidas de calado le permite tomar la Comisión Europea, como ponerle topes al precio de la electricidad. Pero el sector no puede seguir aguardando. En un comunicado conjunto, las patronales Unesid (siderurgia) y Aege (industrias electrointensivas) suplican al Gobierno «medidas de emergencia», aunque sean acotadas y temporales, para evitar la muerte de la industria. Ya no piden rebajas de impuesto ni ayudas: reclaman que, en esta «situación de emergencia nacional», el Ejecutivo adopte «una decisión urgente para reformar inmediatamente el mercado eléctrico mientras dure esta crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado». «La medida es la única que consideramos viable y con impacto», concluyen.
Las industrias esperan medidas inminentes por parte del Gobierno para frenar el goteo de paradas de producción, pero no parece que vaya a ser así. Este viernes no hay Consejo de Ministros —Pedro Sánchez participa en Francia en una cumbre de presidentes— y Transición Ecológica no aclara si aprobarán algún plan en la reunión del martes próximo.
«Hay que poner un límite al incremento del precio de la energía»
Entre tanto, fuentes del Ministerio de Industria defienden que «hay que poner un límite al incremento del precio de la energía» y desvincular el gas de la fijación del coste de la electricidad, como proponen las patronales. Pero «es necesaria una respuesta europea», precisan las mismas fuentes, quienes aclaran, no obstante, que «el Gobierno es muy consciente de la difícil situación que afrontan las empresas más dependientes de la energía. Tenemos activado un plan de choque como la rebaja de impuestos y estamos acelerando las convocatorias en el marco del estatuto electrointensivo».
La Xunta pide bajar el IVA
La Consellería de Economía, por su parte, exige al Gobierno central que ponga en marcha «de forma inmediata un plan de choque» para rebajar la fiscalidad de electricidad, gas y carburantes. Concretamente, reclama una bajada del IVA de la luz y el gas para aplicarles los tipos superreducido (del 10 %) y reducido (4 %) mientras dure la crisis energética. Y así lo planteará el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, en la cumbre de presidentes autonómicos del domingo próximo.
Desde junio del año pasado, a la factura de la luz se le aplica, de forma temporal, un IVA superreducido del 10 % (desde el tipo general del 21 %). La del gas no tiene rebajas fiscales y la ministra para la Transición Ecológica rechazó tal opción recientemente.
La Xunta denuncia que el fuerte encarecimiento del precio eléctrico es «inasumible» y que las industrias llevan meses reclamando medidas para frenar su pérdida de competitividad. Insta al Gobierno a que abandone la excusa de la Unión Europea y use sus propios mecanismos para atenuar este impacto, como están haciendo ya otros países europeos.
Formoso reclama medidas
El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, reclama también medidas tanto a la Xunta como al Gobierno central ante la «situación límite» provocada por los costes energéticos. Así, considera que la Administración autonómica debe poner en marcha un plan de choque y, dentro de sus competencias, colocar sobre la mesa medidas para aliviar a familias, empresas e industrias.
La CEOE no quiere oír hablar de intervenir mercados
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, manifestó este jueves su oposición a cualquier posibilidad de «intervencionismo» en el mercado energético y en las compañías eléctricas. Aclaró que el mercado energético es europeo y no español, por lo que el Gobierno «no puede tomar ninguna decisión de intervención de precios, salvo que Europa permita abrir espacios para equilibrar ese terreno».
La solución que no funciona: contratos de suministro eléctrico a largo plazo
La mayor parte de los hogares, comercios y pequeñas empresas mantienen contrato de suministro de electricidad a precios estables durante un período que suele comprender entre uno y dos años. Son los 16 millones de consumidores que tienen suscritas ofertas en el mercado libre. Frente a ellos, casi once millones de hogares con tarifa regulada, que se caracteriza por unos precios dinámicos vinculados directamente a la evolución del mercado mayorista de electricidad, que arroja cotizaciones diferentes cada hora y que lleva meses anotando máximos históricos. Las industrias no tienen contratada la tarifa regulada (está reservada para suministros de un máximo de diez kilovatios de potencia), pero el precio que pagan por la electricidad está indexado al mercado mayorista en contratos también de corta duración.
Hay una solución que reclaman las empresas altamente dependientes de la electricidad y que el Gobierno trata de impulsar, sin éxito: un suministro a precio fijo y a largo plazo. Fuentes del sector explican que las compañías eléctricas (las comercializadoras, para ser más exactos) no quieren firmar un trato de ese tipo por menos de diez o quince años, un compromiso que asusta a las industrias, que se mueven en mercados cíclicos, es decir, con períodos de prosperidad y otros de baja actividad. Así que el sector prefiere contratos de duración más conservadora: dos, tres o cinco años como mucho y a un precio de entre 40 y 50 euros el megavatio hora. Ahí también discrepan las comercializadoras, que están ofreciendo tarifas de entre 70 y 90 euros. Así que los contratos a largo plazo brillan por su ausencia.
La alternativa es firmar el suministro con un parque eólico en fase de proyecto, como está haciendo Alcoa, lo que supone esperar a que se construya. Y la industria no puede aguardar.
