El Supremo delibera sobre la entrada en prisión de Fernández de Sousa por quebrar Pescanova
ECONOMÍA
La resolución del alto tribunal se espera para el mes de julio
10 may 2022 . Actualizado a las 11:48 h.El pasado mes de marzo se cumplieron nueve años desde que la quiebra de Pescanova entró en la Audiencia Nacional. El caso, abierto en el 2013, fue a juicio en el 2019 y está sentenciado desde octubre del 2020. Pero la batería de recursos presentada por los doce condenados y, en especial, por Manuel Fernández de Sousa, expresidente del grupo pesquero y declarado principal responsable de la quiebra, ha prolongado la resolución durante este último año y medio largo.
Pero, ahora sí, parece que la cuenta atrás ha comenzado para que, casi una década después, se haga justicia por una quiebra que sacó a la luz una deuda financiera de casi 4.000 millones de euros y que dejó sin su inversión a centenares de accionistas. ras la lectura de varios cientos de folios, está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie antes de irse de vacaciones de verano, probablemente a principios de julio, según fuentes del caso.
Las deliberaciones están siendo muy largas, por la extensa documentación que conlleva el caso, y a pesar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha impugnado las once alegaciones del recurso de casación elevado por Fernández de Sousa. El fiscal califica de «incomprensible» el modo de actuar del condenado para tratar de salvaguardar la compañía.
El 6 de octubre del 2020, la Audiencia Nacional condenó al expresidente del grupo pesquero a ocho años de prisión por falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes. Pero en febrero del 2021, el que fue máximo accionista y responsable de la compañía durante 37 años (hasta el 2013, cuando afloró la insolvencia del grupo) elevó un recurso de casación ante la Audiencia Nacional solicitando la anulación de dicha sentencia por vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La estrategia de la defensa, desglosada en un extenso recurso, ha frenado hasta ahora la entrada en prisión del exdirectivo.
Un ciudadano libre
«De momento, Manuel Fernández de Sousa es un ciudadano libre. No está sujeto a medidas cautelares, por lo que puede viajar o salir del país. Tampoco está inhabilitado profesionalmente. Está condenado, pero la sentencia no será firme hasta que se resuelva sobre el recurso que presentó, y las impugnaciones presentadas a este recurso, y eso está llevando tiempo», explican fuentes del caso.
Este retraso en la ejecución del fallo tiene en vilo a los cerca de 300 afectados con derecho, por sentencia, a percibir una indemnización, la mayoría accionistas del grupo, que perdieron todo su dinero tras la entrada en concurso de la multinacional pesquera. No son muchos si se tiene en cuenta que, en aquel momento, hubo 9.000 propietarios de la compañía que perdieron toda su inversión, con el agravante de que muchos de ellos entraron en las ampliaciones de capital del grupo cuando este ya se encontraba en situación crítica, pero su elevada deuda financiera no afloraba en las cuentas auditadas por BDO (condenada en el proceso). Aunque la sentencia firme llegue en verano del 2022, los afectados no serán indemnizados inmediatamente, ya que las sumas depositadas como fianza no alcanzan los 150 millones necesarios.
Aunque embargadas judicialmente, Fernández de Sousa es titular del 7,6 % de las acciones de la vieja Pescanova, sociedad prácticamente disuelta en Nueva Pescanova, la compañía refundada tras la quiebra y actualmente controlada por Abanca. El pasado mes de febrero cesó como administrador único de la sociedad Kiwi España, en favor de su esposa, Rosario Andrade.