El pasado lunes, la Junta de Andalucía anunció la supresión del impuesto sobre el patrimonio en su territorio a partir del ejercicio 2023. Esta medida, junto con la bonificación del 99 % del impuesto sobre sucesiones y donaciones ya implementada, coloca a los ciudadanos andaluces en situación de igualdad con los de la Comunidad de Madrid.
Mientras que esta última tiene bonificado al 99 % el impuesto sobre sucesiones y donaciones desde el año 2007, en Galicia, todavía a día de hoy, solo gozamos de un mínimo exento de un millón de euros por progenitor exclusivamente en el impuesto sobre sucesiones. Y, respecto al impuesto sobre el patrimonio, mientras que en la Comunidad de Madrid o, a partir del 2023 en Andalucía, se encuentran bonificados al 100 %, en la comunidad autónoma gallega solo disfrutamos de un patrimonio exento de 700.000 euros, así como una bonificación del 25 % de la cuota.
Detrás de estas medidas que aparentemente parecen perseguir un efecto mediático que tenga repercusión en las urnas hay una clara declaración de intenciones de lo que cada comunidad autónoma quiere para los suyos. Como ejemplo, la de Madrid, donde se ha podido constatar que el establecimiento de bonificaciones en determinados impuestos se ha traducido en un crecimiento económico exponencial del territorio que finalmente ha redundado en las arcas de la propia Administración autonómica, lo cual, entre otras consecuencias, ha redundado en beneficio de los madrileños en forma de servicios públicos más eficientes y de calidad.
En contraposición, tenemos a Cataluña que, ante el éxodo de empresas y ciudadanos por otras razones, suma un goteo constante de pérdida de residentes por la presión fiscal que allí se soporta.
Ante la pasividad del resto de las comunidades autónomas, son muchos los gallegos que han decidido hacer las maletas y trasladar su residencia a Madrid pues, no en vano, la diferencia entre residir en un sitio o en otro, solo en lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, puede traducirse en una pérdida económica relevante.
Cuesta entender cómo es posible que, tras cuatro mayorías absolutas del Partido Popular en Galicia, desde el año 2012, los gallegos sigamos siendo ciudadanos de segunda en lo que se refiere al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al de patrimonio. Teniendo en cuenta el problema demográfico que sacude a nuestra comunidad, la única explicación a tamaño despropósito solo puede ser el afán recaudatorio, la ausencia de una oposición competente y la falta de crítica constructiva de aquellos que sostienen al Gobierno gallego.
Galicia es un paraíso, con potencial para estar a la cabeza de España en un futuro no muy lejano, diría yo. Pero, para lograrlo, es primordial una regulación impositiva acorde con el nivel de ambición de lo que merece nuestro territorio.
Carlos del Pino Luque, socio de Pin & Del Pino Abogados y Asesores Tributarios
