España y Alemania exigen a Francia tener listo el MidCat para que suministre hidrógeno verde en el 2025

Cristina Porteiro
C. Porteiro A CORUÑA / LA VOZ

ECONOMÍA

Pedro Sánchez y Olaf Scholz disienten sobre cómo diseñar las nuevas reglas de disciplina fiscal

05 oct 2022 . Actualizado a las 20:18 h.

Alemania necesita energía. Y barata, para garantizar la competitividad de sus industrias. Toda ayuda es poca. Este mismo miércoles, su ministro de Economía, Robert Habeck, criticó abiertamente los precios «astronómicos» que exigen países supuestamente aliados como Estados Unidos (EE.UU.) por el gas natural licuado (GNL) que le vende a Europa. 

Lo hizo antes de aterrizar en la cumbre hispano-alemana que se está desarrollando este miércoles en A Coruña. Hasta la ciudad herculina ha viajado una nutrida corte de ministros alemanes, con el canciller Olaf Scholz a la cabeza. El objetivo de cara a la galería es estrechar lazos, pero lo cierto es que el Ejecutivo alemán busca algo más: un suministro seguro y barato de energía. 

Para conseguirlo, Scholz no ha dudado en cerrar filas hoy con el Gobierno español para exigir a Francia que deje de torpedear el proyecto MidCat, el tercer gasoducto que debería conectar la red energética de la península ibérica con Centroeuropa, pero lleva años paralizado por las reticencias del país vecino. En el Plan de Acción que este miércoles han suscrito el presidente español, Pedro Sánchez, y el propio Scholz, ambos países se comprometen a «seguir haciendo presión» para conseguir más capacidad de interconexión entre ambas regiones y así «contribuir a la seguridad del suministro de toda la UE».

Para ello, subraya el documento, es necesario impulsar el corredor de hidrógeno renovable a través de los Pirineos. Una tubería que debería «suministrar gas» a Europa Central hasta que empiece a circular el hidrógeno en el 2025. Esa es la fecha que han puesto Berlín y Madrid sobre la mesa. «Es de enorme importancia para el mercado energético común la construcción a través de los Pirineos de un gasoducto para el hidrógeno que sea lo suficientemente grande y que esté operativo en el 2025», reza el plan hispanoalemán, en el que aclaran que será necesario incluir en las conversaciones a todas las partes implicadas, incluida la Comisión Europea, que hasta el momento se ha desentendido del proyecto ante la negativa de Francia de terminar la tubería. 

El presidente Sánchez aseguró este miércoles que España está en disposición de acabar las obras que corresponden a su parte del gasoducto en cuestión de siete u ocho meses. El tiempo apremia porque, aunque Berlín pueda tener más o menos asegurado el gas para este invierno, el sabotaje del Nord Stream (el I y el II) ha dejado inutilizada la principal arteria gasística que alimentaba al país germano para los próximos años. 

El Gobierno alemán no está dispuesto a seguir pagando las facturas del gas que le están extendiendo proveedores como Estados Unidos, Catar o Noruega. Necesita alternativas, pero Francia se ha cruzado en su camino. El Gobierno galo insiste en aplazar cualquier obra asegurando que ni es necesaria ni económicamente viable. Lo que subyace detrás de esta negativa es el miedo a poner en riesgo su potente industria nuclear —no solo la explotación y venta de energía, también en lo que respecta al desarrollo y comercialización de tecnologías—. 

Este mismo miércoles, Sánchez instó a Macron a «cumplir con su compromiso» adquirido en el 2018 para terminar el MidCat. «Un suministro energético seguro, asequible y sostenible nos interesa a todos», resumen los dos líderes. 

Desacuerdo sobre la disciplina fiscal

La tarea más compleja que tendrá que abordar España en los próximos años es devolver el equilibrio a las cuentas públicas sin cercenar el crecimiento, como ocurrió en la crisis del 2010 y la oleada de recortes que le sucedieron.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los países de la Unión a ceñir su déficit —la diferencia entre lo que se ingresa y lo que gasta— al 3 % del producto interior bruto (PIB) y a mantener la deuda en el umbral del 60 % del PIB. España cerrará el año con un déficit del 5 %, según el Gobierno, y la deuda ronda el 116 %.

No obstante, estas reglas de disciplina fiscal se congelaron con el estallido de la pandemia y se prorrogaron tras la invasión de Ucrania porque los Estados tuvieron que acudir en ayuda de hogares y empresas, aumentando el gasto público.

Y así seguirá siendo hasta el 2024. Hasta entonces, ningún país podrá ser expedientado por gastar más de lo que debe. Eso sí, cuando expire la tregua, habrá que poner en marcha una senda de ajuste para poner en orden las cuentas. La cuestión es, ¿a qué velocidad y a qué coste?

En el pasado, Alemania se erigió como el estandarte de la ortodoxia fiscal. La excanciller Angela Merkel optó por la senda de cumplir con los objetivos de déficit y deuda a cualquier precio. Claro que, su país lo tenía más fácil: la energía barata rusa impulsó la competitividad de sus industrias. Eso le permitió anotar superávits consecutivos en su balanza comercial, que llegaron a ser fuente de preocupación en Bruselas, por los desequilibrios que suponía para el mercado interior.

La situación ahora es radicalmente distinta. La crisis —cuyo desencadenante principal ha sido la invasión de Ucrania y no la gestión irresponsable de las cuentas públicas— se ha agravado en la UE por la gran dependencia que fue fraguando Alemania respecto al gas ruso. Romper esa relación tiene un alto coste. Se vio recientemente cuando el Gobierno alemán anunció el mayor plan de ayudas desplegado hasta el momento: 200.000 millones de euros para evitar quiebras empresariales por los elevados precios del gas y la electricidad.

Alemania puede asumirlo, claro, pero deja a su Ejecutivo sin tantos argumentos de peso para exigir a otros países vecinos que se aprieten el cinturón. Fuentes del Ejecutivo español admiten que no será fácil convencerles para que flexibilicen las normas y el calendario en el 2024. Y eso se debe a la composición del Gobierno alemán, donde el ministro de Finanzas, Christian Lindner, es liberal, y ya se ha manifestado contrario a reformular las normas fiscales, como también han hecho los Países Bajos.

La Comisión Europea presentará a finales de octubre una propuesta en esa dirección. ¿Bloqueará Alemania los esfuerzos de reforma? Por el momento parece que las posiciones con España están muy distantes. «Junto a nuestros socios europeos, deseamos discutir conjuntamente y llegar a acuerdos sobre el futuro desarrollo de las reglas fiscales europeas», se limita a decir a declaración política conjunta que han firmado los dos países. 

Aunque ambos reconocen la necesidad de mantener las redes de ayuda a empresas y hogares más vulnerables mientras persista la crisis energética, Berlín no ha perdido la oportunidad para recordarle a España que cualquier medida de apoyo o inversión orientado al crecimiento debe hacerse «asegurando la sostenibilidad fiscal».