El operador del sistema adjudica entre dieciséis empresas el denominado servicio de respuesta activa de la demanda, sucesor de la interrumpibilidad
21 oct 2022 . Actualizado a las 18:06 h.Red Eléctrica de España (REE) recupera un mecanismo para equilibrar la oferta y la demanda de electricidad, que evitará los apagones generalizados. Consistirá en concentrar en unos pocos consumidores los cortes de suministro cuando la producción no sea suficiente para satisfacer todas las necesidades instantáneas del sistema, aunque esos consumidores cobrarán a cambio de prestar ese servicio. REE informó de que este jueves se celebró la subasta, que fue telemática y a sobre cerrado, esto es, los aspirantes enviaron sus ofertas con antelación sin saber siquiera qué cantidad de energía se subastaba ni a cómo se retribuirían esos apagones. Esos datos, fundamentales, se dieron a conocer a posteriori. Según el operador del sistema eléctrico, se adjudicaron 497 megavatios de potencia entre 16 participantes.
REE no facilitó el listado de beneficiarios. Sí recordó que acudieron a la puja comercializadoras y consumidores con una demanda de al menos un megavatio y participantes en el mercado mayorista de electricidad, lo que excluye a los consumidores domésticos y a las pequeñas empresas.
El servicio empezará a funcionar el 1 de noviembre y finalizará el 31 de octubre del 2023.
Los dieciséis adjudicatarios serán retribuidos con 69,97 euros por cada megavatio asignado y hora, por su disponibilidad en el tiempo previamente establecido para la prestación del servicio (2.714 horas). Es decir, cada uno parará 169 horas al año, equivalentes a siete días. En conjunto, se repartirán unos 94 millones de euros durante un año. Aunque, a mayores, cobrarán también el precio de la regulación terciaria (uno de los mecanismos de ajuste de la oferta y la demanda) para esa hora en que se produzca la interrupción.
Los cortes tendrán una duración máxima de tres horas al día, que se avisarán con solo quince minutos de antelación. Solo se podrán llevar a cabo de lunes a viernes entre las ocho de la mañana y la medianoche de octubre a marzo, y entre las seis de la tarde y la medianoche entre abril y septiembre.
Los apagones remunerados se aplicarán en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energías. El servicio de respuesta activa de la demanda, que es el nombre completo del mecanismo, forma parte de las medidas incluidas dentro del plan Más Seguridad Energética, en línea con las recomendaciones europeas de contención del consumo energético. Será uno de los instrumentos de los que echar mano para asegurar la reducción obligatoria del consumo eléctrico de un 5 % en horas punta que ha impuesto la Comisión Europea a todos los Estados miembros hasta la próxima primavera.
Interrumpibilidad
Este modelo de retribuir a los grandes consumidores a cambio de que reduzcan consumo cuando sea necesario para preservar la seguridad del suministro eléctrico del resto de la población no es nuevo en absoluto. Hasta el verano del 2020 funcionó el servicio de interrumpibilidad, que fue creado en 1995 para aportar flexibilidad al sistema en un momento en el que era necesario porque no estaba desarrollado todavía ni el parque renovable ni de ciclos combinados actual.
En los últimos años, ese mecanismo se convirtió para la industria con un elevado consumo de electricidad (como Alcoa, Ferroatlántica o Megasa) en una de las principales vías para obtener incentivos con los que reducir sus elevadas facturas de la luz. Entre el 2014 y el 2020, cuando los incentivos se repartieron mediante subastas de concurrencia competitiva, se distribuyeron 3.300 millones de euros.
De hecho, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) celebró la recuperación de un servicio similar a la interrumpibilidad, aunque ya sospechaba que los recursos no serían tan abundantes como lo fueron años atrás. En la última puja, celebrada en diciembre del 2019 para aplicar el mecanismo durante el primer semestre del 2020, se adjudicaron mil megavatios, el doble que ahora, y se distribuyeron 62 millones de euros. En el 2016, por ejemplo, se adjudicaron unos 3.000 megavatios y 503 millones de euros entre 132 plantas.
Pedro González, nuevo director general de AEGE, reconoció que la cantidad de energía finalmente adjudicada es escasa: «Los resultados de esta subasta permitirán al sistema disponer de casi 500 megavatios adicionales de potencia para asegurar el suministro eléctrico. Esto demuestra la capacidad que tiene la industria para contribuir al buen funcionamiento del sistema. No obstante, hay que continuar trabajando para maximizar la aportación de que la que se puede beneficiar el sistema a partir de la flexibilidad del consumo industrial porque la cantidad finalmente adjudicada está por debajo de la solicitada inicialmente».
La patronal confiaba en que, como mínimo, se convocase el doble de potencia.
Países como Francia o Portugal, y recientemente el Reino Unido, cuentan con distintos mecanismos de reducción de la demanda similares al español, recordó REE.
