El Tribunal de Cuentas reprende al Ejecutivo de António Costa por su gestión de las ayudas frente al covid
ECONOMÍA
El Tribunal de Cuentas luso emite una dura evaluación de la gestión del Ministerio de Economía de los fondos de recuperación
17 nov 2022 . Actualizado a las 17:50 h.«La reacción al impacto adverso de la pandemia no fue la adecuada para asegurar la recuperación de la economía y confirma como principales riesgos la insuficiente información reportada; el grado incompleto de ejecución de las medidas y la ineficacia de las medidas». La Justicia portuguesa no podría haber sido más severa sobre la actuación del Ministerio de Economía y Transición Digital frente a la pandemia. En esos términos se expresaba el Tribunal de Cuentas en la auditoría que evalúa la respuesta pública y el impacto de sus acciones sobre la economía lusa.
Partiendo de que la recesión del 7,6 % del PIB portugués en el 2020 «fue más acentuada que en la media de los países de la zona euro (6,6 %)», el órgano pone en duda la validez de las 24 medidas implementadas por el Gobierno de António Costa y deja al exministro Pedro Siza Vieira en el punto de mira.
En concreto, 15 de las 24 medidas extraordinarias «no tuvieron ninguna ejecución financiera hasta el 31 de diciembre de 2021», recoge el informe, que llega a tacharlas de «inútiles». Es el caso del Proceso Extraordinario de Viabilidad de Empresas, del que solo siete firmas se habrían beneficiado, según recoge el diario Público. Algo semejante ocurrió con el Fondo de Modernización del Comercio, en el que, como en otros casos analizados, «no se reportaron medidores, metas, resultados, presupuesto o ejecución para el efecto, por lo que (…) se reveló inútil para cumplir su objetivo» de ayudar a las Pymes.
Además, se atribuyen atrasos, falta de rigor o desconocimiento sobre la situación inicial. En conjunto, «solo 37,5 % de las medidas tuvieron ejecución financiera» y a pesar de haber presupuestado 13.160 millones, se comprometieron 11.000; un 90 % de los cuales se destinó a garantía pública sobre operaciones de crédito.
El análisis se centra en la actividad del Ministerio de Economía y excluye otros apoyos canalizados por otras carteras del Gobierno. En su beneficio, la justicia reconoce el ambiente de «elevada incertidumbre, complejidad y rápidos cambios». Además, amplió el período de análisis final de 2021, en vez de limitarse, como se planeaba en un inicio, hasta el 2020, pero esto no mejoró los resultados.
Además, el Tribunal de Cuentas resalta la importancia de «divulgar integralmente» estos datos para «apreciar debidamente la posición financiera del Estado frente al aumento significativo de las responsabilidades por la concesión de garantías públicas, atendiendo a la liquidez y actividad de las empresas».