Escrivá ofrece a los autónomos rellenar seis meses de lagunas de cotización
ECONOMÍA
Sindicatos y patronal rechazan negociar un incremento del período de cómputo hasta que el Gobierno ate los apoyos parlamentarios a la medida
01 dic 2022 . Actualizado a las 19:12 h.«No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar». Así de tajante se mostró este jueves el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sobre la negativa de su sindicato a sentarse a debatir con el Gobierno y la patronal el incremento del período de cálculo de la pensión de 25 a 28 años, como propuso el lunes el ministro Escrivá. Para Sordo, se trata de una «una medida que no es necesaria en este momento» y que no figura entre las recomendaciones del Pacto de Toledo.
En la falta de consenso parlamentario para abordar esta polémica medida se escudan los sindicatos para rechazar negociar. No lo harán, advirtieron durante la segunda reunión en el ministerio, hasta que el Ejecutivo tenga atados los apoyos necesarios para aprobar la ley (o convalidar el decreto) en el Congreso. Y no parece que los votos sean fáciles de conquistar en puertas de un año de carrusel electoral (con municipales, autonómicas y generales), sobre todo después de que tanto Podemos como los socios habituales del Gobierno hayan mostrado su oposición a una medida que califican como un «recorte» de derechos.
Pero el rechazo no llega solo de los sindicatos. También la patronal CEOE reclama a Escrivá que lleve sus propuestas primero al Pacto de Toledo, para conseguir el aval parlamentario en un asunto sensible que compromete a varias generaciones. Una petición que topa con dos problemas. Uno, de plazo, ya que la reforma debe estar aprobada antes del día 31 para cumplir el compromiso adquirido con Bruselas y no poner en riesgo el desembolso de fondos europeos. El segundo, formal, ya que la comisión que vela por el futuro de las pensiones se encuentra descabezada desde el nombramiento de la que era su presidenta, la exministra Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado.
Así las cosas, Sordo abogó por seguir avanzando en «el resto de medidas que están encima de la mesa» que, en su opinión, «son positivas» para una mayoría social, con la intención de «alcanzar un acuerdo en las próximas semanas» y dejar aparcados los asuntos más espinosos. Sin embargo, la patronal quiere incluir en la negociación algún asunto espinoso, como la recuperación, rediseñado, del derogado factor de sostenibilidad, para ligar el importe de las futuras pensiones al incremento de la esperanza de vida y contener así el gasto.
Frente al rechazo frontal de los agentes sociales, Escrivá quitó hierro a la situación y recordó que ese mismo clima de discrepancia se vivió en la antesala de todos los acuerdos tripartitos, como los de los ERTE, la reforma laboral o la del régimen de autónomos, que al final salieron adelante. Desde su gabinete insistieron en que la ampliación a 28 años del período para calcular la pensión no solo no perjudicará a los trabajadores en activo, sino que «protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales, cada vez más frecuentes», según explicó el ministerio.
No recortará la pensión
El argumento de Escrivá fue ratificado este jueves por un estudio del Observatorio de Pensiones de WTW (Willis Towers Watson), que calcula que ampliar en tres años los elegidos para calcular la jubilación solo reduciría el importe de la pensión media en un 0,04 %. Sin embargo, advierte que introduciría un sesgo de género, ya que las prestaciones femeninas se reducirían un 0,86 %, mientras que las de los hombres aumentarían, en promedio, un 0,44 %
Para evitar ese efecto, el ministerio ya negocia medidas para reducir la brecha de género, mejorando las lagunas de cotización de las trabajadoras tras ser madres (y también para los hombres cuando se dé la misma situación). Otra de las zanahorias de Escrivá para atraer al acuerdo es una mejora del tratamiento de los autónomos, a los que ofrece rellenar hasta seis meses de vacío de cotización cuando estos se produzcan tras agotar la prestación por cese de actividad. Esos meses se computarán con la base mínima.
Con todas las cartas sobre la mesa, y el cronómetro apretando, el ministerio y los agentes sociales se citaron el próximo lunes día 12 para una nueva reunión en la que tratarán de romper el bloqueo.
