Cepyme alerta de que la subida del 8,2 % del salario mínimo perjudicará sobre todo a las pymes
ECONOMÍA
Pide «moderación» al Gobierno porque para sectores como la hostelería supondría igualar el salario medio de sus trabajadores
20 dic 2022 . Actualizado a las 11:43 h.El Ministerio de Trabajo ha convocado para este miércoles una reunión con sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Los expertos consultados por el Gobierno situaron ayer ese alza entre el 4,6 % ( hasta los 1.046 euros brutos) y el 8,2 % (1.082 euros brutos) en 14 pagas el próximo año, con el fin de que el SMI alcance el 60 % del salario medio neto español.
Aunque analistas y Ejecutivo central consideran que un alza de esa magnitud tendría efectos residuales sobre el empleo, la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) ha advertido este martes de que elevar en el 2023 el SMI un 8,2 %, el porcentaje máximo recomendado por los expertos, perjudicará sobre todo a las pymes.
Según un estudio de la organización, elevar el SMI a 1.082 euros mensuales en 2023 supondría «un incremento mucho mayor» para las empresas de menos de 50 trabajadores, donde el SMI superaría el 70 % de su salario medio, en concreto el 70,7 %, según recoge Europa Press.
Cepyme explica que esto se debe a la menor capacidad salarial de estas pequeñas empresas, donde el salario medio alcanza los 1.517 euros, frente a los cerca de 1.800 euros en los que ronda el salario medio global.
En las grandes empresas, elevar al SMI a 1.082 euros mensuales equivaldría al 51,3 % de su salario medio, frente al 70,7 % de las pequeñas. Si la subida del SMI fuera del 10 %, es decir, hasta 1.100 euros mensuales, esta renta mínima representaría el 72,5 % del salario medio de las empresas pequeñas y el 52,5 % del de las grandes.
«Subir el SMI hasta 1.082 euros haría que el salario mínimo equivaliera al 60 % del salario medio ordinario, y marcaría un nuevo récord. Un salario mínimo de 1.100 euros equivaldría al 62 % del mismo, lo que marcaría también un nuevo máximo histórico. Hace tan solo cuatro años, esa relación no llegaba al 45 %. Desde entonces, mientras el salario medio aumentó 7,8 %, el SMI lo hizo casi 5 veces más, un 36 %», apunta Cepyme.
Sectores más afectados
De acuerdo con sus datos, en la hostelería, donde trabajan 1,5 millones de personas, un SMI de 1.082 euros mensuales sería prácticamente igual al salario medio de este sector, mientras que en el comercio, que ocupa a 2,5 millones de personas, esa relación sería de cerca del 70%.
Además, expone Cepyme, un salario mínimo de 1.082 euros al mes superaría el 60 % del salario promedio en trece comunidades autónomas, lo mismo que ocurriría si el SMI se situara en 1.100 euros, como quieren los sindicatos (Comisiones Obreras pide elevarlo a entre 1.082 y 1.100 euros y UGT reclama directamente 1.100 euros).
Concretamente, Extremadura (74,4 %) y Canarias (70,8 %) estarían por encima del 70 % del salario medio de la región con una subida a 1.082 euros, mientras que Murcia (68,9 %), Castilla y León y Andalucía (67,3 %) y Castilla-La Mancha (67,1 %) rondarían ese porcentaje.
Según los cálculos de la organización que preside Gerardo Cuerva, elevar el SMI a 1.082 euros al mes haría que este superara el 65 % del salario medio en 22 provincias y el 70 % en otras catorce. Si subiera a 1.100 euros mensuales, 27 provincias tendrían un SMI superior al 65 % del salario medio.
«Prudencia y moderación»
Cepyme denuncia que las sucesivas subidas que ha experimentado el SMI en los últimos años han incidido en mayor medida en las empresas de menor tamaño, registrando incrementos del salario medio más intensos, que han alcanzado más del 9 % desde el 2018, «mientras su productividad no ha sido compensada de la misma forma».
«La productividad de las pymes es casi tres veces menor que las empresas de más de 250 trabajadores, situación que se agrava por sector y territorio, afectando de forma distinta a sus márgenes y rentabilidad», argumenta.
Además, Cepyme advierte de que las subidas del SMI no solo afectan a los salarios situados en dicha franja, sino que también provocan «un desplazamiento ascendente» en las tablas salariales de muchas empresas, incidiendo en mayor medida en los tramos inferiores.
Asimismo, la organización empresarial alerta de que estos incrementos influyen en la negociación colectiva, «dejando obsoletos muchos convenios en vigor e interfiriendo, por tanto, en muchas de las 4.500 mesas de negociación colectiva que están conformadas en España».
Por todo ello, Cepyme pide al Gobierno «prudencia y moderación» a la hora de decidir la subida del SMI para el 2023 y le insta a estudiar todas las consecuencias que podría tener un nuevo incremento, en especial en la pyme, cuyos costes globales se han disparado más de un 23 % en los últimos trimestres.
El SMI español, el más caro de Europa
Cepyme señala en su informe que «en ningún país de la Unión Europea» el salario mínimo es igual o mayor al 60 % del salario medio, por lo que, en términos comparables, «el SMI de España es el más caro de Europa».
«La comparativa entre la remuneración mínima legal y el salario promedio muestra con claridad que el salario mínimo español es el más caro de Europa. Solo en dos países el salario mínimo supera el 50 % del salario medio: España (54,8 %) y Grecia (51,3 %)», argumenta.
En 15 países, añade, esa relación es inferior al 45 %, sin contar los seis países donde el salario mínimo no existe (Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Chipre). Entre esos 15 países se encuentran Holanda (43,6%) y Alemania (41,8%). En Lituania, que es el país donde más ha crecido el salario mínimo, este equivale al 40,6% del salario medio.
«Una subida del SMI al 60 % del salario medio aumentará esta distancia con nuestros homólogos europeos y, por tanto, restará competitividad a la economía y a la empresa española», avisa Cepyme.
La organización empresarial denuncia además que el salario mínimo «reduce las oportunidades de empleo de trabajadores no cualificados y/o sin experiencia» y reitera que sus subidas han provocado, desde el 2018, «que 71.600 trabajadores hayan perdido su empleo y ha evitado que otras 145.900 personas encontraran uno.
