Bruselas evita dar su apoyo explícito a la reforma de las pensiones

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

YVES HERMAN | REUTERS

La Comisión Europea hará su examen una vez que el Gobierno solicite el cuarto tramo de ayudas, de 10.000 millones

10 mar 2023 . Actualizado a las 17:34 h.

Cuenta atrás para poner el broche definitivo a la reforma de las pensiones. Quedan apenas días, si no horas, para alumbrar uno de los cambios que más se han hecho esperar en esta legislatura. Llegará con más de dos meses de retraso respecto al plazo fijado y con el rechazo frontal de la principal patronal de empresarios (CEOE). 

Sindicatos y Gobierno están cerrando filas para anunciar en breve la fumata blanca pero, ¿qué hay de la Comisión Europea? El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró que «prácticamente» el acuerdo estaba cerrado. Dio por hecho su aval a la propuesta que, en esencia, mantiene el período de cómputo de las pensiones en los 25 años y, alternativamente, ofrece la posibilidad de alargar ese período hasta los 29 años, excluyendo los dos con peor cotización. 

A pesar de que Moncloa ya da por sentado su respaldo, lo cierto es que la Comisión Europea ha evitado este viernes dar su apoyo explícito a su propuesta. A preguntas de este diario, el portavoz comunitario en materia del Plan de Recuperación, Tommaso Alberini, ha insistido en que «ha habido intensos intercambios en las últimas semanas en relación con los compromisos adquiridos por España en torno a la sostenibilidad fiscal de todo el paquete de reforma de las pensiones, como se ha hecho con otros Estados miembros, especialmente en el caso de reformas complejas», pero no ha confirmado acuerdo alguno. 

¿Cuándo tomará una decisión? Cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicite el cuarto tramo de ayudas europeas del Next Generation EU, que asciende a 10.000 millones de euros. «Corresponde al Gobierno español comunicar cualquier medida que pretenda presentar al respecto». Solo cuando haya una petición formal sobre la mesa y cuando España demuestre que la reforma de las pensiones cumple con los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación, Bruselas dará su visto bueno.

Fuentes de la Comisión restan importancia al retraso que acumula Escrivá: «Los plazos son indicativos, pero es importante que los países hagan todo lo posible para garantizar que las reformas e inversiones se aplican a tiempo»

España no quiere dar el paso hasta tener garantizado el aval de Bruselas. De hacerlo, se arriesga a recibir un «no» por respuesta y a la congelación parcial de los fondos durante seis meses. 

¿A qué se comprometió España? En primer lugar a derogar el factor de sostenibilidad (ajustaba la cuantía en función de la esperanza de vida) y revalorizar de nuevo las pensiones con el IPC, una medida ya en vigor que Bruselas cuestionó porque acarrea un aumento del gasto que debe ser compensado con medidas alternativas «mitigando el riesgo sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo».  

En esa misma dirección, el Gobierno también sacó adelante un nuevo mecanismo de cotización para los autónomos, un aumento progresivo de las cotizaciones y de la edad real de jubilación, desincentivando la retirada temprana, el diseño de planes de empleo, elevar la base de cotización máxima y, lo más controvertido: «la extensión» en el período de referencia de cálculo de las pensiones

Es ese matiz el que puede hacer trastabillar la propuesta. El Gobierno deberá hilar muy fino para que esa «extensión» pueda sustituirse por la «adecuación» del período de cómputo y pasar el filtro comunitario. 

En cualquier caso, será indispensable que publique unas proyecciones actualizadas sobre la reforma y cómo estas pueden garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, teniendo en cuenta el impacto de otras reformas estructurales, como la del mercado laboral.

Esta es una petición que hizo el propio vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, el pasado miércoles, cuando invitó a los países a remitir antes de que finalice el mes de abril sus Planes de Estabilidad actualizados, en los que deberá estar detallado el impacto de cada reforma, de manera que las autoridades europeas puedan formular sus recomendaciones por países en el mes de mayo.