Ferrovial solo tendrá que pagar 45 millones a los díscolos si el hermano del presidente no vende
ECONOMÍA
Representa el 0,29 % de los accionistas que votaron en contra del traslado, sin contar el 4,2 % de Leopoldo del Pino
14 abr 2023 . Actualizado a las 22:22 h.El apoyo abrumador de los accionistas al traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos, refrendado en la junta del jueves, no solo supone un alivio para agilizar la intención de la compañía, sino también para los costes que podría haber asumido si el número de votos contrarios al cambio de sede hubiera sido mucho mayor. Ese impacto económico dependía del porcentaje de accionistas que hubieran votado no. Para ellos, la compañía había reservado hasta 500 millones de euros para que, si quisieran, ejercieran su derecho de separación: vender sus acciones a la propia Ferrovial a 26 euros por título. Frente al 93,3 % que votó a favor, hubo un 5,79 % de votos en contra y un 0,9 % de abstenciones. Sin embargo, al ser el cuórum del 77,6 %, los porcentajes sobre el capital total de la compañía serían menores. Así, teniendo en cuenta el 100 % del capital y eliminando las abstenciones y el 4,1 % de Leopoldo del Pino, solo un 0,29 % de todo el capital de la empresa (incluyendo a los accionistas que no han votado) se habría opuesto a la operación.
La posición del hermano del presidente ha sido crucial. Y aún puede serlo en las próximas semanas. Previsiblemente no ejercerá su derecho de separación, es decir, la venta de su paquete de títulos a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado, ya que supondría la salida del accionariado de la empresa que fundó su padre.
Por ello, incluso aunque el 0,29 % del resto de los accionistas que ha votado en contra ejerciese ese derecho de separación, no alcanzaría el 2,5 % para que la operación quedase bloqueada. Y, lo que es más importante en términos económicos: si ese 0,29 % decidiera vender sus acciones, Ferrovial tendría que abonar entre 42 y 45 millones de euros, casi diez veces menos de lo previsto.
De los cinco hermanos Del Pino (Rafael, María, Leopoldo, Fernando y Joaquín), es el tercero quien ha mantenido una relación más tensa con el presidente de Ferrovial, al menos públicamente. En principio, no tiene intención de acogerse al derecho de separación. Ha votado en contra de la mudanza para dejar constancia de su desaprobación.
Por otra parte, si consuma la operación, Ferrovial se verá obligada a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días para cumplir con la ley neerlandesa tras su próximo trasladado a los Países Bajos, frente a los 60 días que exige la ley española. Así lo ha trasladado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha recordado que Ferrovial «no se ha caracterizado precisamente por pagar en plazo» a sus proveedores.
Críticas a la «caza y captura» del Gobierno
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a criticar ayer la oposición del Gobierno al traslado de Ferrovial a los Países Bajos y consideró que «la caza y captura del presidente o de la familia Del Pino, no ha sido de lo más procedente». No obstante, aplaudió la posición final de «respeto» que ha expresado el Ejecutivo ante la luz verde de la junta de Ferrovial. En su opinión, «todo el revuelo que se ha montado debería haberse evitado»; «debería haberse hablado con la compañía de otra manera». Garamendi explicó que «en principio» hay seguridad jurídica, aunque «cada día hay más intervencionismo».