La excúpula de ONO tendrá que pagar hasta 6 millones siempre que Vodafone demuestre que tuvo que abonar facturas del caso del «fraude del IVA»
ECONOMÍA
El Tribunal Supremo acaba de emitir sentencia
20 abr 2023 . Actualizado a las 18:58 h.Nueve años después, el caso del fraude carrusel por el IVA en Vodafone -cometido por empresas proveedoras de la telefónica- continúa dando vueltas en los tribunales. De acuerdo con una sentencia emitida la semana pasada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María Castellano, Rosalía Portela y Carlos Sagasta -en aquel momento integraban la cúpula de ONO, firma adquirida por Vodafone por 7.200 millones de euros- tendrán que abonar hasta seis millones de euros solo si Vodafone acredita que se pagaron facturas a empresas involucradas en el citado fraude. De acuerdo con fuentes de la defensa, el caso fue alertado por Hacienda en febrero del año 2014, cuando el fisco investigaba la actuación de cuatro empresas que eran proveedoras de ONO. El 20 de abril se celebró una reunión entre los inspectores y los responsables de la compañía, pero, según se desprende de la sentencia ahora conocida, pudo haber por su parte un comportamiento negligente por no haber tomado las medidas necesarias.
El Supremo acota el período en que los directivos tendrían que hacer frente al abono de la cantidad que Vodafone no se pudo deducir al comprendido entre el 30 de abril y el 31 de agosto del 2014, pero siempre que la empresa de comunicaciones demuestre que las facturas fueron abonadas a los citados proveedores.
Aunque en la sentencia no aparece citada ninguna cantidad, esta se calcula teniendo en cuenta un desglose que Vodafone presentó en uno de los juicios.
La compañía de telecomunicaciones culpa a los directivos de que no actuaron con lealtad por ocultar el citado fraude.Por contra, la información manejada por los equipos jurídicos de los directivos es que fueron estos -concretamente Rosalía Portela- los que alertaron a Vodafone de la situación días antes de la compra.
Este asunto del fraude carrusel arrancó con una acción social de responsabilidad en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que desestimó la reclamación de Vodafone (pedía 140 millones). Inmediatamente después, el caso llegó a la Audiencia Provincial que estimó en parte el recurso de Vodafone, en el que solicitaba el embargo de los bienes de los tres directivos por valor de 18 millones de euros. Tanto la compañía de telefonía como los directivos recurrieron al Supremo, cuya sentencia se acaba de conocer ahora y cuyas costas tendrá que abonar Vodafone.
En el 2021, José María Castellano ganó ante el Supremo un pleito contra Vodafone que le tuvo que abonar un bonus neto de más de 19 millones de euros.