El previsible aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas facilitará al Gobierno prorrogarlo
ECONOMÍA
El pleno del tribunal estudia rechazar los recursos autonómicos de un gravamen que se tendrá que pagar, como mínimo, otra vez en el 2024
19 oct 2023 . Actualizado a las 21:20 h.El Tribunal Constitucional trabaja ya con la posibilidad de dar vía libre al impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno este año, con el que trataba de unificar el pago del impuesto sobre el patrimonio ante las heterogéneas políticas fiscales autonómicas. Si definitivamente lo avala, el Gobierno se verá con las manos liberadas para extender el gravamen sin contratiempos jurídicos durante al menos otro año más, como tenía previsto.
El pleno del Constitucional se reunirá el martes para comenzar a estudiar formalmente el recurso que había presentado la Comunidad de Madrid contra el tributo por considerar que su puesta en marcha vulneraba sus competencias autonómicas fiscales, así como los derechos fundamentales de los contribuyentes por entender que se quebraba el principio de seguridad jurídica. Lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer. También lo habían impugnado Andalucía, Galicia y Murcia.
El borrador con el que trabajan los magistrados del Constitucional mantendría la idea de que el Estado tiene potestad tributaria para aplicar este gravamen en todo el territorio de régimen común, y que no choca con las competencias regionales. Además, considerarían que su abono no vulnera los derechos de los contribuyentes les discrimina. En el caso de País Vasco y Navarra, el Gobierno les cedió la regulación, gestión y recaudación de la tasa. Las diputaciones forales vascas acaban de suavizarlo para los de mayor patrimonio.
El denominado Impuesto a la Solidaridad grava el patrimonio neto de las personas físicas con una cuantía superior a los tres millones de euros. Esta figura estaba llamada a suplir el laberinto autonómico del de patrimonio, cada vez más bonificado en las comunidades. Fue un reclamo de Moncloa a la «solidaridad de los ricos con el conjunto de la población». Y, a la vez, suponía una armonización indirecta para evitar dumping entre territorios.
En principio, estaba pensado para ser aplicado en los ejercicios del 2023 y 2024, con el patrimonio del 2022 y 2023, respectivamente. Esa es la idea del Gobierno cuando Pedro Sánchez anunció su implantación durante el verano del año pasado. Un fallo en contra del Constitucional habría paralizado su cobro el próximo año.
El gravamen a la banca: Garamendi pide suprimirlo y Díaz prorrogarlo
Con la presentación de los resultados trimestrales de la banca, vuelve la presión al Ejecutivo para que suprima el impuesto que grava los beneficios de las entidades por la escalada de los tipos. Ayer la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, manifestó su deseo de que decaiga pasados los dos años previstos (este 2023 y el 2024). Lo mismo planteó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mientras que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, dijo que la propuesta de su partido es «que se quede» y que eso negocia con el PSOE.