Los acuerdos de venta de energía verde y barata a largo plazo a los nuevos proyectos empresariales se frenan en seco por la inseguridad del sector
05 nov 2023 . Actualizado a las 00:05 h.Grandes proyectos empresariales han abierto el melón de un nuevo ciclo reindustrializador en Galicia. El apetito inversor de importantes compañías en varios emplazamientos de la comunidad se ha visto impulsado en los últimos años por la ensalada de fondos procedentes de la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia y de las distintas administraciones para paliar los efectos de la descarbonización en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. Una treintena de proyectos industriales concentran una inversión global de 6.300 millones de euros y más de 7.000 empleos, en sectores tan diversos como el químico, la logística, los bienes de equipo o el agroalimentario. Sin embargo, algunas de esas grandes actuaciones empresariales podrían verse afectadas por retrasos, ya que están vinculadas a acuerdos de suministro de energía renovable, principalmente procedente de parques eólicos. La oleada de recursos judiciales e incluso de paralizaciones cautelares de algunos proyectos para construir recintos de aerogeneradores en la comunidad arrojan grandes dosis de incertidumbre sobre las futuras plantas, muchas de las cuales presentan elevadas demandas de consumo energético.
En estos momentos, hay una treintena de inversiones lanzadas para la comunidad que cuentan con declaraciones especiales por parte de la Xunta, y más de un tercio de las mismas pertenecen al sector de la química verde. Reganosa, Naturgy, Bioenergía Lugo, A Coruña y Ourense; Forestal del Atlántico; Valogreene Recinor; Iberdrola y Universal H2 tienen en marcha proyectos para la fabricación de hidrógeno, biometano, metanol, aceites y amoníaco verde en distintos emplazamientos de la comunidad. Para la generación de estos componentes precisarán de grandes consumos de energía, en algunos casos, de más de un millón de megavatios a la hora por año. Otras futuras instalaciones, como la planta de fabricación de neumáticos de Sentury Tire en As Pontes, la de fibras de Altri o la de Resonac para la ampliación de su planta de grafito en A Coruña, así como la reactivación de Alcoa, también tendrán que contar con bolsas de energía mayúsculas para garantizar su producción.
Para asegurar esos aprovisionamientos, algunas de las compañías cuentan con acuerdos de compra de energía a largo plazo denominados PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés), vinculadas a nuevos parques eólicos de la comunidad. De ahí que la ofensiva judicial contra los proyectos —hay 58 sobre los que pesan recursos— genere preocupación entre los promotores de las nuevas industrias, por la inseguridad a la que se enfrentan. Fuentes de Resonac admiten esa inquietud. «Tanto el acceso a las energías renovables como un marco regulatorio estable y seguridad jurídica son los tres elementos fundamentales para la viabilidad de las empresas electrointensivas en general», recuerdan. No obstante, añaden que mantienen la confianza en «contar con energía verde procedente de dos parques eólicos situados en la provincia de A Coruña para su planta de fabricación de electrodos de grafito», aunque advierten de que «está necesidad será igualmente evidente para proyectos futuros que quiera acometer en España». Así, subrayan, «la posibilidad de contar con PPAs y energía renovable es uno de los factores que convierten la planta de A Coruña en foco de inversión para la organización».
Nuevos acuerdos, en el aire
Debido a que la electricidad generada con fuentes renovables es más barata, gran parte de ese tipo de acuerdos de compraventa de energía están ligados a parques eólicos. Sin embargo, la firma de estos contratos se ha visto frenada en seco debido a las incertidumbres. «Las empresas pueden cerrar una PPA cuando tengan garantías de que van a poder verter a la red, y las industrias, que van a invertir porque tienen asegurado el suministro de esa energía», afirma Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia.
Otras compañías admiten en privado que las últimas sentencias judiciales en contra de parques afecta a la confianza de los inversores, por lo que puede dificultar la atracción de nuevas industrias a la comunidad y también al impulso de futuros parques. Además, ponen el foco en el impacto mayor que tienen las paralizaciones en el sector, al afectar a toda la cadena de valor, comprometiendo decisiones de financiación y compra de equipos. Así, los efectos negativos se trasladan no solo a los fabricantes de aerogeneradores y empresas del sector energético, sino al conjunto del sector industrial gallego.
El caso de As Pontes
As Pontes es el municipio que concentra el mayor número de grandes proyectos industriales, debido a su carácter de localidad en pleno proceso de transición justa. Su alcalde, Valentín González Formoso, no oculta su temor por el impacto que pueda tener el bloqueo eólico en la reindustrialización de la antigua villa minera. «La sociedad está exigiendo que se activen esos proyectos ya», subraya, ya que son empresas que vendrán a paliar el cierre de la actividad de la térmica y a generar nuevos empleos. «Nos encontramos con un riesgo permanente de alegaciones por parte de grupos ecologistas y de paralizaciones judiciales», lamentó, para añadir: «Entiendo la reacción social contra los parques que atropellan el entorno, los especulativos y los que no aportan valor añadido, pero los que están ligados a proyectos industriales hay que autorizarlos ya». El Concello participará en las nuevas instalaciones energéticas que se desarrollen en la localidad, también en las eólicas.
Lorenzana: «As renovables non son unha opción, son unha obriga»
El Gobierno gallego defiende el trabajo realizado desde la administración para la autorización de los parques eólicos que cuentan con la luz verde autonómica. Frente a la cascada de recursos contra esos recintos presentados por grupos ecologistas y las sentencias emitidas por la sala tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el Ejecutivo de Alfonso Rueda lo tiene claro. «O Goberno, desde o respecto ás resolucións xudiciais, vai defender ante a sociedade e ante os tribunais o que consideramos un traballo ben feito e co máximo rigor por parte de funcionarios autonómicos, que foron escrupulosos no cumprimento dunha normativa que é especialmente esixente no coidado do territorio», asegura María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía.
«Hai tres cuestións no binomio enerxía-industria que son determinantes: unha rede eléctrica estatal de transporte adecuada ás necesidades; un marco de prezos razoables e estables; e asumir que as renovables non son unha opción, senón unha obriga», reseña. En ese sentido, no oculta su preocupación por el impacto que puedan tener las paralizaciones de los parques en posibles demoras en las inversiones, aunque insiste en que «o máis negativo é que se instale nos sectores implicados a percepción de inseguridade xurídica, que afecta primeiro ás empresas enerxéticas que teñen que facer fortes desembolsos en tecnoloxía e infraestruturas; e, por extensión, ás iniciativas industriais que, para ser viables, requirirían asinar contratos de subministro de enerxía (PPA) cos produtores renovables, para acadar eses prezos razoables que precisan, con especial incidencia nas actividades electrointensivas».
En este marco, afirma que «o caso máis paradigmático é o de Alcoa, pero hai máis empresas en risco, e non é por falta de solo industrial, man de obra máis barata ou normativas máis benévolas (...) e outros casos, como Altri ou as alternativas industriais para o entorno de As Pontes, que dependen en parte do impulso de fondos públicos, tamén teñen necesidades eléctricas que hai que xestionar con absoluto respecto ás normas, pero ás que o Goberno central ten que ten dar resposta con axilidade e sen máis atrancos administrativos».
Además de incidir en el impacto económico que puede derivarse de esta situación, Lorenzana llamar a realizar un análisis político. «O Goberno galego está poñendo todas as medidas ao seu alcance para facer desta terra un lugar atractivo para novos investimentos industriais e para a continuidade de proxectos consolidados. É comprensible que politicamente non se compartan esas iniciativas, pero o que non é responsable nun momento crucial para o futuro económico de Galicia é regresar ao non ao impulso das enerxías renovables sen explicar con claridade aos galegos cales son as alternativas», afirma.