Repsol amaga con deslocalizar inversiones de hidrógeno si hay inestabilidad jurídica
ECONOMÍA
El presidente de la energética, Antonio Brufau, apunta que si España aplica un impuesto a esta tecnología renovable, mirarán hacia Portugal o Francia
30 nov 2023 . Actualizado a las 19:28 h.El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha vuelto a elevar la tensión con el Gobierno a cuenta de los impuestos en el sector energético advirtiendo de que la compañía puede deslocalizar sus inversiones previstas en España hacia otros países vecinos. En esta ocasión, lo ha hecho a cuenta de las perspectivas en el ámbito del hidrógeno verde, donde el grupo tiene prevista una inversión de 1.500 millones de euros, «evidentemente sometidos» a «la estabilidad jurídica y fiscal».
Brufau ha sido meridianamente claro en este sentido al apuntar que «si tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia». El directivo ha avisado que «esto es lo que tienen que entender las autoridades para pensar que esto no es un tema de corto plazo, es un tema de medio y largo plazo y estos proyectos que como hemos discutido antes de venir aquí, pues requieren de mucha madurez y de mucho período de tiempo».
El presidente de Repsol ha insistido en que estas grandes inversiones deben hacerse «en un marco de estabilidad, en un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, atractivo, que significa competitivo con respecto de las regiones próximas a nosotros». Lo que pide Repsol es evitar la fragmentación de normas fiscales que rompan el mercado único, porque eso implicará que las decisiones de las empresas se dirijan más hacia unas economías que a otras.
La advertencia llega apenas unas semanas después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aprovechara la presentación de resultados trimestrales para lanzar una advertencia al Gobierno si prospera el acuerdo entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el gravamen extraordinario a las energéticas y la banca, que inicialmente solo estaba pensado para dos años. La compañía ha avisado de que pueden peligrar sus inversiones en España si sale adelante esta medida que a su juicio «castiga» a las empresas que, como Repsol, «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética».
La llamada de atención llegaba dos días después de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz rubricaran el acuerdo de gobierno con la prórroga del gravamen extraordinario por el que las energéticas tributan a un tipo superior al 4 % sus ingresos y del que Hacienda ha recaudado solo este año unos 1.700 millones de euros en el sector, y hasta 2.900 incluyendo la banca. Para la petrolera, esta prórroga implicaría que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España».
De hecho, la compañía confirmaba pocos días después que ya tiene proyectos congelados a la espera de que se aclare el entorno «regulatorio y fiscal» para decidir qué hacer con esas instalaciones. Así lo indicó el presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, al afirmar que hay inversiones que «tienen que estar en stand by», esto es, congeladas, si no hay un marco regulatorio «estable y previsible».
La Comisión Europea considera que la situación actual «es muy diferente de la que existía» hace un año, con los precios energéticos en récord, lo que llevó a habilitar la posibilidad de aplicar impuestos extraordinarios. En un informe elaborado por Bruselas, considera que «descenso de los precios de la energía a lo largo del 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios del 2022».
Además, apunta que el entorno para generar beneficios inesperados «se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior», ya que las empresas tienen que componerse «con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes».