El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, doce directivos y PwC serán juzgados por estafa
ECONOMÍA
El juez instructor del caso en la Audiencia Nacional considera que ocultaron a los inversores pérdidas de 2.500 millones antes de la ampliación de capital del 2016
08 mar 2024 . Actualizado a las 17:27 h.El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, doce exdirectivos de la entidad financiera quebrada y la auditora PwC serán juzgados por estafa y falsedad contable. Así lo ha decidido el juez instructor de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, quien este lunes hizo público un auto de 178 páginas en las que relata cómo habrían urdido entre todos el «engaño» a los inversores en la ampliación de capital del banco en el 2016.
Según el magistrado encargado del caso —la causa penal se abrió en octubre del 2017—, el 25 de mayo del 2016 el Consejo de Administración del Popular, presidido por Ron, dio luz verde a esa ampliación y lo hizo maquillando sus cuentas y escondiendo el verdadero estado de salud del banco a los inversores. En el folleto «se ofrece una información financiera conscientemente alterada [que ocultaba enormes déficits de provisiones] entresacadas de las cuentas anuales del año 2015 [auditadas por PwC] y de los estados financieros a 31 de marzo del 2016», reza el auto.
El magistrado «no alberga duda alguna» de que la intención de la cúpula del banco, con la complicidad de la auditora, era ocultar unas pérdidas que ascendían, como mínimo, a los 2.500 millones de euros por aquellas fechas.
Para lograrlo, recurrieron —presuntamente— a todo tipo de artimañas. El auto hace referencia a la orden «velada» que dio la mano derecha de Ron y exconsejero delegado del Popular, Francisco Gómez, a sus subalternos para financiar a los clientes la compra de acciones del propio banco en la ampliación, una práctica prohibida en el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad. El volumen financiado no se restó del capital regulatorio del banco, distorsionando así las cifras. Pero esta no fue la más grave de las irregularidades detectadas por el juez.
Morosidad oculta
Calama describe la operativa del banco para esconder sus pérdidas multimillonarias. Y esta consistía en refinanciar y alargar los plazos de reembolso de créditos dudosos a una parte importante de sus clientes que habían solicitado préstamos y estaban en una situación real de impago.
El dinero para disfrazar de solventes estos créditos no se prestaba directamente a través del Popular. Para no levantar sospechas, la cúpula diseñó un entramado societario con sede en Luxemburgo (Thesan) al que se transfería el capital. Una vez ingresado, estas sociedades canalizaban los préstamos a los clientes morosos y así el Popular podía eludir la necesidad de dotarse de miles de millones en provisiones para poder afrontar una eventual cascada de impagos —así lo exigen las normas bancarias—. Thesan Capital «no invirtió nada». Esta estructura opaca siguió funcionando hasta finales del 2016 «con la vocación de ocultar importantes déficits», describe el auto.
El juez instructor considera que, de haber calificado correctamente estos préstamos dudosos, el banco tendría que haber reconocido ante sus accionistas unas pérdidas de 2.500 millones de euros —una cifra conservadora si se tiene en cuenta que se extrae de solo dos inspecciones y del cómputo del déficit de Thesan—.
En la primera de esas inspecciones, el Banco Central Europeo (BCE) detectó 1.380 millones de euros en pérdidas contables, frente a los beneficios de 188 millones que anunciaba el Popular. En la segunda, los expertos reevaluaron los activos de la entidad y fijaron un déficit de cobertura de entre 1.418 y 1.620 millones de euros.
Calama también apunta a la «colaboración consciente» de PwC en las labores de engaño a los inversores.
Rol de los supervisores
Con este auto, la Audiencia Nacional pone el broche a una de las causas más longevas de las últimas décadas, en las que se han personado 7.000 perjudicados de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), 2.000 de Adicae y unos 13.500 particulares.
La instrucción comenzó en octubre del 2017, solo cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución (JUR) liquidara el Popular —fue la primera vez que se estrenaba este mecanismo europeo para bancos en riesgo de quiebra—. La entidad acabó siendo absorbida por el Santander el 7 de junio del 2017 tras abonar un euro y después de una polémica fuga de depósitos en las semanas previas a su quiebra.
La estampida se produjo por una filtración a la prensa del estado real de las cuentas del Popular, que entonces ya estaba presidido por Emilio Saracho, quien tomó las riendas del banco el 20 de febrero del 2017 hasta su resolución. A pesar de que algunas voces le acusaron de provocar esa fuga de depósitos, el juez señala en el auto que no se ha podido constatar que fuera él el responsable de las «graves filtraciones» que precipitaron la crisis. También archiva provisionalmente la causa contra él, al constatar que no solo no cometió irregularidades contables sino que tomó medidas para chequear y evaluar el balance real del banco.
El encausado alega que la entidad era «solvente, viable y rentable» cuando fue liquidada
Una de las cuestiones más controvertidas del caso Popular ha sido el rol de los organismos encargados de la supervisión. Calama aclara en el auto que no entrará a juzgar la controvertida actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) porque no le compete determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente. «Serán otros ámbitos los que deberán ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional», reza el comunicado de la Audiencia Nacional.
También habrá de dirimir en esta causa la posible responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander, que compró el Popular asumiendo los «derechos y obligaciones» del mismo.
Defensa de Ron
Ángel Ron rechazó este lunes las conclusiones del juez instructor y anunció que recurrirá el auto. En una nota remitida a los medios criticó los «seis años y medio de dilaciones» en la instrucción y anticipó la presentación de «pruebas demoledoras» para defender su inocencia. «El Popular era en el momento de su resolución un banco solvente [con 11.000 millones de patrimonio neto], viable y rentable [más de 1.150 millones de beneficios anuales antes de previsiones]», recordó Ron atribuyendo estas cifras a los peritos del Banco de España, quienes en el 2019 imputaron las pérdidas de los inversores a la decisión de las autoridades europeas de liquidar y vender la entidad. «Soy un perjudicado de lo que considero un expolio del Banco Popular», deslizó antes de negar la existencia de un agujero de 2.500 millones de euros en las cuentas.