Las autoridades europeas exigen a España endurecer el IVA y las tasas verdes para recaudar más
ECONOMÍA
Solo en Luxemburgo y Alemania los impuestos medioambientales aportan menos a los ingresos del Estado
07 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.A pesar de marcar el mayor rali de subida de la presión fiscal en la UE desde el 2019, a Bruselas todavía le parece escasa la recaudación que hace el fisco español para poner orden en sus cuentas públicas. Y no precisamente porque sea muy generoso con los trabajadores o las empresas.
En su último informe en profundidad sobre los desequilibrios macroeconómicos de los países miembro —publicado el pasado 25 de marzo—, la Comisión Europea le recordó al Gobierno español que todavía tiene por delante una ardua tarea: culminar la reforma fiscal. Porque de algún modo habrá que financiar la revalorización automática de las pensiones. La misión es inaplazable, pues de su éxito depende el desembolso del quinto tramo de ayudas europeas a cargo del fondo de recuperación (Next Generation EU). Pero, ¿en qué dirección deberá orientar los cambios?
Desde hace años, el Ejecutivo comunitario viene señalando un problema recurrente en el país: el caos que genera la enorme heterogeneidad impositiva entre comunidades. Un buen ejemplo son las tasas medioambientales. Alguna de ellas, introducidas con mero afán recaudatorio, han tenido que ser retiradas al colisionar con otros impuestos que gravaban bienes de la misma naturaleza. Fue el caso, por ejemplo, del tributo balear sobre instalaciones con incidencia en el medioambiente, que el Tribunal Constitucional acabó desterrando al considerar que cumplía la misma función que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
Hay territorios, como Cataluña o Madrid, que tienen un impuesto propio sobre los residuos. Otros, como Galicia, han decidido no introducirlo, aunque sí cuentan con gravámenes particulares. Es el caso del canon eólico gallego, pionero (2009), que ahora quieren replicar en forma de «impuesto a las renovables» gobiernos como el aragonés, que ya ha aprobado el proyecto de ley.
También varía el número de tasas. Cataluña tiene hasta nueve vinculadas al medio ambiente. Galicia, cinco. Murcia tan solo una, que aplica sobre los vertidos en las aguas litorales.
Y a pesar todo este maremágnum, España sigue siendo uno de los países de la UE donde menos peso tiene la fiscalidad verde sobre el total de la recaudación (3,98%, según los últimos datos de Eurostat). Solo en Luxemburgo (3,08 %) y Alemania (3,88 %) es más irrelevante. Una de las razones, como apunta Bruselas, es que las leyes estatales siguen siendo muy laxas en lo que se refiere al consumo de productos con alta huella ambiental. Por eso ha vuelto a insistir el mes pasado en acometer un «ajuste de los beneficios fiscales a ciertos impuestos indirectos, incluidos los medioambientales».
Apoyos para la reforma
En el punto de mira está el gravamen del diésel, pospuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del voto favorable del PNV a su penúltima investidura. La Comisión le pide ahora al Ejecutivo de Sánchez que no posponga más los deberes y busque apoyos para sacar adelante la reforma fiscal, que también deberá incluir un aumento de la recaudación por IVA. ¿De qué forma? Simplificando los tramos y aplicando el general (21%) a la mayoría de los bienes y servicios que en la actualidad gozan de un trato favorable, con tipo reducido (10%) —muy extendido— y superreducido (4%).
Como todo lo que tiene que ver con gravar el consumo, se trata de una medida impopular que el Gobierno quiere evitar a toda costa y que le puede generar nuevas tensiones con sectores como el de la hostelería, que gozan de un trato más benigno (10%) respecto a otros como el energético, al que está vinculado el suministro básico de electricidad (21%).