España es, junto con Venezuela, el país que acumula más multas por laudos pendientes de pago
ECONOMÍA
Debe abonar 1.200 millones de euros por fallos del arbitraje internacional derivados de suprimir las primas a las renovables
18 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un quebranto económico y un coste en reputación. A España le está resultando muy cara la supresión de las primas a las renovables implantadas en el 2007 y que se empezaron a desmantelar solo tres años después, destrozando los balances de decenas de empresas que habían invertido en parques eólicos o fotovoltaicos animadas por la garantía del Gobierno de que obtendrían unos beneficios mínimos. Tras el tijeretazo a las primas del 2012, muchos inversores devolvieron el golpe acudiendo al arbitraje internacional para que se les reconocieran el derecho a ser indemnizados. Y el caso es que la mayoría de las resoluciones les sonríen. Hasta el punto de que España es hoy, junto con Venezuela, el país que acumula más laudos pendientes de pago.
De acuerdo con el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, que elabora la compañía NL Consulting, dirigida por el jurista holandés Nikos Lavranos, España era, junto con Venezuela, el país que más laudos o fallos de arbitraje pendientes de liquidar tenía a finales del 2023. Quince resoluciones para cada uno de estos dos países, con la diferencia de que los de España conllevan indemnizaciones a los demandantes de 1.300 millones de dólares (en torno a 1.200 millones de euros), mientras que los laudos pendientes de pago de Venezuela ascienden a 7.100 millones de dólares.
Por detrás de España y Venezuela se sitúa Rusia, con nueve laudos impagados; seguida de Ucrania, con cuatro; y de Argentina y Kirguistán, con tres cada uno. Italia es el único socio de la Unión Europea que figura junto a España en el top 10 de la tabla de las sanciones desfavorables, dos en total, aunque entre los primeros veinte también están República Checa, Croacia y Polonia.
Supresión de las primas
El grueso de los arbitrajes internacionales abiertos contra España tienen que ver con incumplimientos del Tratado de la Carta de la Energía (TEC), el convenio internacional firmado en 1991 por medio centenar e países para regula las inversiones extranjeras en el sector de la energía. Y el detonante de estos fue la retirada de las ayudas al desarrollo de las renovables.
Es más, la mitad de los litigios que se dirimen en los órganos internacionales por incumplimientos de la Carta de la Energía corresponden a España, exactamente 55 de un total de 109, mientras que a Italia le pertenecen 14; y a Rumanía, ocho. El informe de NL Consulting pone el acento en que España se ha negado, hasta el momento, a cooperar con órganos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, adscrito al Banco Mundial, y en que, hasta ahora, el Gobierno español ha defendido su negativa a pagar escudándose en que las indemnizaciones pueden ser contrarias al derecho de la UE por constituir una ayuda de Estado ilegal.
En todo caso, NL Consulting entiende que al negarse a pagar los laudos, «se socava el orden jurídico internacional», a la vez que se «debilita la confianza» de los inversores extranjeros y de las instituciones financieras internacionales en España.
La cola de procedimientos contra España es todavía larga. Uno de los últimos fallos se conoció hace tres semanas, el de la firma alemana RWE, que vio reconocido el derecho a ser compensada con 28 millones de euros por España. Es solo uno de los 55 casos que aún faltan por dirimir.