Sindicatos y patronal negocian ampliar las horas extra tras una denuncia de UGT

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Las horas extras podrían compensar la falta de profesionales en algunos sectores, como la construcción
Las horas extras podrían compensar la falta de profesionales en algunos sectores, como la construcción maría hermida

La organización, que ya ganó en Europa con las indemnizaciones «a la carta» en los despidos, ahora busca que España mejore el pago del trabajo adicional

15 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

A punto de expirar el plazo que el Ministerio de Trabajo se dio para alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social sobre la reducción de la jornada laboral semanal desde las actuales 40 horas a 37 horas y media —el objetivo es cerrarlo antes de que expire junio—, en la agenda de la negociación entre sindicatos y empresarios ha irrumpido un nuevo tema: el de ampliar el límite de las horas extraordinarias.

España las tiene limitadas a un máximo de 80 horas anuales, lo que supone uno de los umbrales más restrictivos en el mapa europeo, donde el promedio está en casi el doble (150 horas anuales), e incluso hay países que no contemplan tope alguno, como Dinamarca, el Reino Unido y Estonia. Así lo recoge un informe sobre la regulación de la jornada en Europa elaborado por el sindicato UGT y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. En él se muestra lo heterogéneo del mapa de la UE en lo que respecta al trabajo adicional a la jornada ordinaria, en la que las 40 horas semanales de España son la norma común.

La horquilla de las extras sí es amplia, con Hungría y Eslovaquia en el extremo, con un máximo de 400 horas adicionales al año, acordadas por convenio colectivo, frente a otros más moderados, como Francia (220 horas), Italia (250 prorrogables) o Portugal (en función del tamaño de la empresa, entre 150 y 200, prorrogables por convenio).

Cabe recordar que en España las horas extras tienen carácter voluntario (salvo que sean obligatorias por ley o por convenio), el máximo legal son 80 al año y deben abonarse como mínimo como una hora ordinaria. A ello se suma la obligación de la empresa de tener un registro horario diario en el que reflejar las que realiza cada trabajador.

Reclamación ante Europa

La cuestión de si introducir o no cambios en la regulación de las horas extraordinarias ha irrumpido en la mesa del diálogo social de la mano de UGT, que a principios de año apeló a Europa para que inste a España a elevar la remuneración de esa jornada adicional. Recientemente el sindicato tuvo éxito con el precedente de su denuncia sobre el modelo de indemnización tasada por despido, y ahora ha vuelto a presentar una nueva reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por entender que el hecho de que la legislación nacional no fije la obligación de pagar una prima por la realización de horas extraordinarias vulnera la Carta Social Europea.

De momento, el CEDS acaba de admitir a trámite su denuncia, lo que hizo que el número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, bendijera que el asunto del bajo coste de las horas extras lo abordaran sindicatos y patronal en la mesa en la que se está negociando la reducción de la jornada laboral, sin que ello prejuzgara lo que al respecto diga el CEDS.

Para Pérez Rey, el problema radica en el «exceso de horas extra impagadas», algo que va «más allá de la retribución» de las mismas. Recordó que desde la Inspección de Trabajo se habían hecho actuaciones para frenarlo.

Prima adicional del 25 %

En cualquier caso, esta misma semana, tal y como adelantó El Economista, sindicatos y empresarios han empezado a abordar la cuestión, en la que UGT defiende que se aplique una prima del 25 % sobre el salario por hora ordinaria. El estudio sindical recoge que la prima que más comúnmente se abona en Europa es del 50 % más, aunque también varía en función de los países. Así, Austria o Bélgica la elevan al 100 % en domingos y festivos, mientras que otros Estados no las retribuyen o lo hacen fijándolo en los convenios colectivos, algo que ocurre en Alemania, Suecia, los Países Bajos o Irlanda.