La Xunta defiende la normativa como clave para la descarbonización y el despliegue de renovables, pero BNG y PSdeG la ven como una amenaza al medio ambiente y para favorecer intereses empresariales
25 jun 2024 . Actualizado a las 13:43 h.El Parlamento gallego ya tramita la primera ley de la duodécima legislatura. El proyecto de ley de Promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, abreviada como lei de recursos naturais, completó este martes su primer paso parlamentario tras vencer las enmiendas de devolución presentadas por BNG y PSdeG, quienes criticaron duramente la normativa por suponer «un despropósito lexislativo» o «pretender converter Galiza nunha colonia enerxética». «É unha sucesión de medidas que, unha tras outra, afonda no rumbo do PP máis neoliberal, antiambiental e antigalego da historia», denunció la nacionalista Noa Presas.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió la normativa resaltando que Galicia se encuentra «nun momento crucial» y necesita avanzar hacia convertirse en «verde» y «autónoma». «Non podemos pechar os ollos e bloquear o futuro», reclamó en su intervención, en la que apeló al «dereito» y al «deber» de cuidar de Galicia y de sus recursos, subrayando que el objetivo de la normativa es hacer de Galicia un territorio líder en la descarbonización de su economía y en el «abaratamento da enerxía». La situó también como «única» en Europa, lo que eleva a la comunidad «á vangarda» del continente, y de seguir el modelo de países como Noruega, Suecia y Finlandia.
«Esta lei nace cun espírito transformador e cunha idea moi clara: converter a riqueza natural de Galicia en riqueza social», señaló Lorenzana. La ley abarca proyectos de energía renovable, concesiones de agua y proyectos mineros, integrando la evaluación de beneficios sociales y económicos en la evaluación de impacto ambiental, y regula la participación pública de la administración en los proyectos a través de la sociedad Recursos de Galicia (RDG), que está funcionando desde otoño del año pasado. También incluye un canon a la eólica marina para compensar los impactos ambientales y socioeconómicos, y establece un fondo para la recuperación de zonas afectadas por incendios. Además, regula un mercado de créditos de carbono y fomenta el autoconsumo en áreas empresariales.
Lorenzana subrayó que la ley permitirá abaratar la factura eléctrica a familias y empresas y avanzar en la autonomía energética de Galicia. «É unha solución para os fogares e as industrias e un potencial aliado para os axentes que operan no sector dos recursos naturais», concluyó.
Devolución del proyecto
Los grupos de la oposición coincidieron en criticar el proyecto como una «palabrería bonita» y una «sucesión de eufemismos». La diputada del BNG Noa Presas calificó la ley como «camaleónica» y advirtió que podría causar «máis caos, desprotección e danos irreparables ao país», sugiriendo que está influenciada por el «lobi eléctrico».
«O máis perigoso desta lei», expuso la nacionalista, es que «aumenta a discrecionalidade da Xunta», por lo que habilitará al Gobierno gallego para autorizar a dedo qué proyectos impulsar, entre los que situó la mina de Touro. «Capitalismo de amiguetes», resumió, ante una ley que definió como «caixón de xastre» al introducir un batiburrillo de cuestiones que «afondan na desregularización absoluta cunha patina verde por riba».
A ese «greenwashing» se refirió también la diputada socialista Patricia Iglesias. «Ogallá non convirtamos esta lei nunha enorme oportunidade perdida», apuntó la parlamentaria del PSdeG, que valoró como único elemento positivo de la norma su título: «Evidentemente, necesitamos regular os recursos naturais de Galicia e apostar polas renovables. O malo é todo o demais», comentó la parlamentaria, que defendió que su grupo reclama un desarrollo industrial «de progreso, sostible e que permita cambiar o modelo de transición enerxética».
El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, reivindicó el «legado de prosperidade para xeracións futuras» a partir de esta normativa, que «trascende» a la generación actual. «Dende un goberno autonómico tamén se pode facer política de Estado», presumió. El diputado popular también criticó a la oposición por su «non irracional a todo» y les instó a abandonar el «partidismo e o curtoplacismo». Las enmiendas a la totalidad del texto presentadas por BNG y PSdeG fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP.