Consumo pide gravar con IVA el alquiler turístico para frenar la oferta de pisos
ECONOMÍA
Propone a los ayuntamientos hacer investigaciones conjuntas para detectar viviendas que operan sin licencia
27 jun 2024 . Actualizado a las 17:46 h.El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado gravar con IVA el alquiler de pisos turísticos en España, para que tributen «como cualquier actividad comercial». Entiende que el gravamen contribuiría a frenar el aumento de la oferta ilegal.
Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha defendido que «si no se aplica IVA» a la vivienda vacacional, se esta alentado destinarla a ese uso y no al alquiler residencial de larga estancia, que está exento de este impuesto.
«Lo que tenemos que hacer es incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social», ha añadido el ministro.
Durante su intervención, también ha instado a «las ciudades de toda España» a que se sumen a la investigación del Gobierno para «perseguir» la publicidad de los pisos turísticos ilegales: «Es una situación descontrolada e inaceptable».
Así, ha puesto como ejemplo a la ciudad de Madrid, en la que ha denunciado que «hasta el 90 % de los pisos turísticos no disponen de licencia para ello».
«Esta situación está afectando a la vida de muchísimas de nuestras ciudades, haciendo que los precios del alquiler suban una barbaridad y que la gente tenga que abandonar sus barrios. Es una problemática esencial», ha criticado Bustinduy.
Multas de hasta 100.000 euros a los propietarios
La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.