La Xunta coincide con el TSXG en pedir a la Justicia europea que resuelva rápido la consulta sobre los parques eólicos
ECONOMÍA
Asegura que siempre defendió la celeridad en la resolución de los litigios para generar un marco jurídico estable y evitar la paralización de proyectos industriales importantes para Galicia
29 jun 2024 . Actualizado a las 19:32 h.Galicia mira más que nunca hacia Europa con la esperanza de que resuelva el embrollo jurídico-administrativo al que se ha llegado con el despliegue de la energía eólica, necesaria para cumplir con los objetivos de descarbonización. Si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de pedir a la Corte Europea de Luxemburgo que resuelva con celeridad la cuestión prejudicial planteada acerca de la información que se debe someter a exposición pública con el fin de facilitar que se puedan formular alegaciones a cada proyecto, el propio Gobierno gallego se expresó este sábado en el mismo sentido, aplaudiendo la decisión de los jueces gallegos y pidiendo también «rapidez» establecer un marco jurídico preciso y clarificar el futuro del sector.
Fuentes de la Administración autonómica señalan que al punto en que se ha llegado con la implantación de las renovables en Galicia, tras la paralización por parte del TSXG de 49 parques eólicos autorizados previamente por la Xunta, «la rapidez es muy importante» para dictaminar si se puede o no seguir adelante con los planes previstos y establecer así un marco de seguridad jurídica a la industria.
Es más, la Xunta no solo aplaude la petición de celeridad de los jueces de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sino que aseguran que es lo mismo que se venía demandando desde hace tiempo desde la Administración gallega par evitar la paralización de proyectos económicos importantes, que necesitan del suministro de energía de fuentes renovables.
Y es que aparte de las 49 paralizaciones de parques eólicos dictaminadas por el TSXG, el alto tribunal gallego tiene entre sus manos 202 litigios más que afectan a otros 82 proyectos tramitados de forma similar, y sobre los que cae un manto de incertidumbre debido a la diferente interpretación que TSXG y el Tribunal Supremo acerca de los requisitos que se precisan para concederle la autorización previa a los proyectos.
En una resolución del pasado mes de diciembre, dictada por la tramitación del parque de A Ruña III, en Mazaricos, el Tribunal Supremo desautorizó la doctrina del TSXG al rechazar que fuera necesario contar con todos los informes sectoriales sobre aguas, patrimonio natural y cultural, turismo o salud para poder someter el proyecto a información pública.
En cambio, no lo aprecia así el Tribunal Supremo, que anuló las primeras sentencias del TSXG, concluyendo que la ley estatal establece que los dos trámites (consulta pública e información pública) se hacen de forma simultanea, ajustándose a la normativa comunitaria, que es el camino tomado por la Xunta.
Con todo, el alto tribunal gallego mantiene dudas sobre la ley estatal y la doctrina del Supremo, por lo que trasladó la pelota al tejado de la Corte de Luxemburgo con su cuestión prejudicial. La discrepancia con la Xunta en este punto es evidente, pues la Administración autonómica sí considera que la ley estatal es clara, aunque comparte con el TSXG la petición para que la Justicia europea se pronuncie de forma rápida para despejar dudas.
La argumentación esgrimida por los jueces gallegos y la Xunta para demandar dicha celeridad es, de hecho, muy similar, dada la vinculación entre energía renovable, la protección del medio ambiente y la neutralidad climática. Falta por conocer ahora la decisión del Tribunal de la UE que está llamada a deshacer el embrollo.