Detectives privados y tribunales ponen fin a la inmunidad de la renta antigua
ECONOMÍA
Los dueños basan las demandas en pruebas de incumplimiento de contrato
20 oct 2024 . Actualizado a las 11:19 h.Es la otra cara de la moneda inmobiliaria, la excepción en un mercado del alquiler en continua escalada de precios. Félix es uno de esos propietarios de vivienda de renta antigua que todavía quedan. «Es una herencia envenenada» —dice—, que su madre arrendó hace 59 años. Está en el Paseo de Alfonso XII de Vigo, con vistas a toda la ría, una zona en recuperación en donde un piso de 60 metros cuadrados como el suyo superó los 500 euros semanales este verano. El doble de lo que paga su inquilina al mes.
Por ley, los propietarios de pisos o casas de renta antigua no pueden extinguir este tipo de contratos hasta que el arrendatario se vaya o fallezca. «Es una irregularidad, un anacronismo. Tienes que alquilar por 100 lo que el mercado está alquilando por 1.000 sin poder hacer nada», afirma el propietario, quien descarta recurrir a la vía legal, como están haciendo la mayoría de los arrendadores de renta antigua, «por circunstancias personales de la inquilina, de edad avanzada, y amiga de su madre fallecida».
Resulta imposible saber cuántos arrendamientos quedan en Galicia con este régimen privilegiado. El sector inmobiliario habla de entre un 5 y un 10%. Lo que sí está claro es que es un número que solo puede decrecer. El alquiler de renta antigua se aplica a contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, cuyo precio quedó congelado. Se trata de contratos de larga duración y prorrogables indefinidamente hasta el fallecimiento de su titular, que surgieron como respuesta a la situación social y económica del momento. «Algunos inquilinos afortunados consiguieron subrogar estos alquileres incluso después de esta fecha, por eso todavía es un fenómeno presente, sobre todo en los cascos históricos de las ciudades, zonas de gran negocio para el alquiler vacacional», explican desde la inmobiliaria Remax.
«El fraude existe en este tipo de contratos y es más habitual de lo que se podría pensar», afirma Elías, investigador privado de la agencia Arga Detectives, con amplia experiencia en arrendamientos urbanos. «Los propietarios se aferran a cualquier incumplimiento del contrato para darlo por finalizado y poder empezar a sacar rendimiento a su propiedad. Recurren a nosotros para reunir pruebas de cara a fundamentar una demanda judicial», dice. ¿La casuística más habitual con la que se encuentran? Desde personas que ya no habitan en la casa porque están en una residencia o viviendo con un hijo, y ceden el piso a un sobrino o un nieto; hasta inquilinos que ya han fallecido, y sus familiares, lejos de comunicarlo, ocupan la vivienda o incluso la realquilan a precio de mercado. «Hemos tenido un caso en el que tras investigar, comprobamos que la titular del alquiler había fallecido hacía diez años y eran desde entonces los familiares los que residían en la casa con el mismo contrato de alquiler», señala Elías.
Samuel, de la agencia Indaga Detectives recuerda un caso reciente: «Nos contrató una empresa que había comprado una manzana de edificios, para reconstruir, y algunos pisos estaban ocupados por inquilinos de renta antigua. Hubo que demostrar que ninguno vivía ya en la vivienda» afirma. «Fue un trabajo largo, para evitar que la defensa utilizara el argumento de que eran ausencias puntuales».
Honorarios del detective
¿Tienen validez las pruebas de los detectives para que un juez sentencie la disolución de un contrato de renta antigua? «La mayoría de estos casos acaban en el juzgado y el informe del detective privado es una prueba más de toda validez», asegura Carlos Tomé, del despacho Caruncho & Tomé de A Coruña. Explica que los investigadores privados suelen aportar información relevante en estos procesos: «por ejemplo, para acreditar que el inquilino lleva más de seis meses sin residir en la vivienda, o que tiene otro lugar de residencia».
El coste necesario para conseguir recuperar una vivienda de renta antigua cuyo inquilino incumple el contrato no es bajo. «A día de hoy puedo cobrar 150 euros más IVA por saber si un contrato tiene causa de resolución. El informe probatorio con capacidad de ir a juicio cuesta entre 1.800 euros y 2.000 euros», afirman de una agencia de detectives que pide no dar su nombre. «Puede parecer caro, pero cualquiera con una noción básica de microeconomía entiende que es una inversión muy segura», aclaran.
Es más, Jorge Couso, de CCS Abogados, explica que el propietario puede meter los honorarios del detective en las costas, y lo tiene que pagar el inquilino si pierde el juicio.