La espantada de Asisa, Adeslas y DKV deja desierto el concierto con Muface
ECONOMÍA
Los funcionarios seguirán cubiertos mientras se anuncia una nueva licitación
05 nov 2024 . Actualizado a las 19:02 h.La atención sanitaria de cerca de 1,1 millones de funcionarios españoles y de sus familias —63.100 residentes en Galicia—, sigue sin resolver, después del plantón de Adeslas, Asisa y DKV (las aseguradoras que hasta ahora cubrían el servicio), que han dejado desierta la licitación del concierto con Muface para el período 2025-2026.
No ha sido del todo una sorpresa, porque las tres compañías que dan cobertura sanitaria privada a los empleados públicos ya habían mostrado sus reticencias a la oferta económica del Gobierno, que consideran insuficiente para compensar las pérdidas que asumen por este negocio, agravadas en los dos últimos años con unos contratos «desfasados» frente a la subida de costes por la inflación. Pero es que la convocatoria tampoco ha conseguido captar el interés de ninguna aseguradora nueva. Mapfre, por ejemplo, ya había descartado volver a formar parte de un sistema en el que participó hasta el 2009 y que abandonó por falta de rentabilidad y las pérdidas generadas, los mismos argumentos que emplean sus competidoras.
¿Qué va a ocurrir ahora? De momento, Muface buscará alguna fórmula legal para seguir prestando asistencia sanitaria a los funcionarios en las mismas condiciones que hasta ahora, y evitar su derivación a los saturados servicios públicos de salud, incapaces de absorber de una tacada más de un millón de nuevos usuarios, según explicó ayer el Ministerio de Función Pública, a quien no le quedará más remedio que sacar a concurso una nueva licitación más pronto que tarde tras el fracaso de la actual. «Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva», dijo a través de un comunicado.
¿Hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a mejorar la oferta? La licitación contemplaba una subida de las primas del 17,12 %, que implicaba una media de 1.208,81 euros por mutualista al año en el 2026, lo que supondría un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. Pero según las compañías, esa prima es un 30 % inferior a los 1.736 euros que se invierte por ciudadano en la Seguridad Social.
Movilización sindical
A la espera de las nuevas propuestas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para el próximo lunes, 11 de noviembre, una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda. Esta organización acusa al Ejecutivo de «poner en riesgo» la sanidad de los funcionarios, exigiendo que el nuevo proceso de licitación sea más generoso con las primas. «CSIF ya advirtió que la oferta del Gobierno era totalmente insuficiente y que el modelo corría el riesgo de morir por inanición.», han advertido. «Es urgente revisar las condiciones y obligaciones de los conciertos para garantizar la salud de las personas mutualistas», insisten desde CC.OO., que denuncia el recorte de cuadros médicos, la eliminación de especialidades o el cobro de algunas pruebas a los mutualistas.
Quienes sí continuarán con su actual modelo de sanidad privado son 650.000 militares y trabajadores del Ministerio de Justicia junto a sus familias a través de las dos mutualidades que los cubren: la de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas). Adeslas y Asisa han decidido que se presentarán a ambos conciertos, cuyo plazo para adherirse expira este viernes, 9 de noviembre.
En busca de un mecanismo legal que garantice la asistencia privada desde el 1 de enero
Un reciente estudio de la Fundación IDIS pone cifras a lo que supondría la derivación de más de un millón de funcionarios a los sistemas públicos de salud de las comunidades, al ser una gestión transferida. Entre otras cosas, provocaría un incremento del 266 % en las listas de espera para consultas externas y del 115 % en las de las operaciones. Además, requeriría la necesaria incorporación de casi 4.000 camas al sistema público para evitar su colapso, junto con un aumento del gasto de la sanidad pública de 1.214 millones de euros anuales.
Con estas cifras sobre la mesa, el desmantelamiento definitivo de Muface no parece una opción a contemplar. Una vez confirmado el fracaso de la licitación, y mientras se prepara una nueva convocatoria, su dirección general convocó ayer mismo a los sindicatos a una reunión urgente mañana jueves, 7 de noviembre, con la idea de transmitir su intención de buscar un mecanismo legal para que los funcionarios continúen con el mismo servicio asistencial, asegurando que «una vez finalizado el concierto actual [el 1 de enero del 2025] se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público», según informaron los sindicatos.