El PP enmienda su plan para el sector: concederá el interés público superior para desbloquear recintos judicializados y suavizará las repotenciaciones y solo exigirá la venta del 50 % de la energía a futuras instalaciones
17 nov 2024 . Actualizado a las 16:49 h.En las últimas semanas, la Xunta dio a conocer distintas medidas para regular el sector eólico, como la obligatoriedad de repotenciar los parques de más de 25 años o la de que los promotores de los recintos debiesen vender el 50 % de la energía a consumidores gallegos. Ambas, iniciativas que pusieron en pie de guerra a las patronales nacional y europea y que ahora son suavizadas, a través de las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los Orzamentos para el 2025. Además, en esas propuestas, la Xunta enseña sus cartas para tratar de desbloquear el sector, afectado por una marea de suspensiones judiciales por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
En primer lugar, el Gobierno autonómico evita la caducidad de los permisos concedidos a los promotores de los proyectos sobre los que pesan medidas cautelares. En la regulación actual, las empresas disponen de un plazo de tres años para tener sus parques listos, a partir de que reciben las autorizaciones previa y de construcción. La Xunta introduce ahora un cambio, al regular que «a administración, previa petición do titular da autorización, suspenderá o prazo no caso de que existan recursos xudiciais interpostos por terceiros, ata que a autorización alcance firmeza».
Pero además, una de las actuaciones que mayor trascendencia puede tener con respecto a la paralización judicial que padece el sector guarda relación con la posibilidad que tendrán las empresas de volver a tramitar los permisos para sus parques de competencia autonómica. En ese caso, la Xunta utilizará un procedimiento simplificado para otorgar las autorizaciones a los parques, a los que además concederá el interés público superior. Y esta calificación es la piedra angular con la que prevé que los proyectos puedan reactivarse, ya que, tal y como recoge la directiva comunitaria, este tipo de instalaciones renovables tendrán prioridad sobre otras consideraciones, como las medioambientales, esgrimidas en gran parte de los dictámenes del TSXG sobre el sector.
«O devandito interese público superior será ponderado de maneira concreta na tramitación do novo procedemento de outorgamento da autorización administrativa previa, de construción e de explotación do parque, e das autorizacións das súas infraestruturas de evacuación, e, en particular, no trámite de avaliación ambiental», recoge la enmienda.
Para agilizar al máximo los nuevos permisos —que no invalidan los anteriores mientras no sean firmes—, la Xunta los tramitará «con prioridade».
Modernización de parques
Además, la Xunta suavizará sus pretensiones de modernización de los parques eólicos de competencia autonómica, es decir, aquellos que tengan menos de 50 megavatios de potencia. Después de la controversia suscitada en las últimas semanas, en las que anunció que todos los recintos tendrían que pasar por el taller al cumplir 25 años en operación, ha introducido algunos cambios en esos procedimientos de modernización. «Este prazo poderá ser superior, co límite de 30 anos, no caso de que a vida útil prevista dos aeroxeradores nos proxectos autorizados rebase os 25 anos indicados, de acordo coas previsións contidas na documentación técnica ou nos estudos técnico-económicos de viabilidade presentados no procedemento de autorización orixinario», establece.
Deja fuera de la obligación de repotenciar los recintos que no superen los 10 aerogeneradores o sean de carácter experimental. También permitirá a los promotores incrementar la capacidad de generación al retirar las máquinas más viejas si disponen de un permiso de acceso y conexión que permita la evacuación de una potencia mayor.
La letra pequeña de las decisiones tomadas con respecto a las repotenciaciones también establece que la administración «non poderá establecer un prazo de inicio das obras e actuacións inferior a 18 meses, nin un prazo de execución delas inferior a 18 meses, salvo petición do promotor».
El Gobierno autonómico persigue que los parques repotenciados pasen a tener la cuarta parte de las máquinas originales, pero también establece que «non será necesario acadar a referida redución cando as condicións e valores ambientais do emprazamento desaconsellen a instalación de aeroxeradores do tamaño que permita acadar a dita porcentaxe».
Venta de energía
Otra de las medidas que suscitó críticas más airadas por parte de las organizaciones eólicas fue el anuncio de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, de que el 50 % de la energía de los parques tendría que ser vendida a consumidores gallegos. Tras ser calificada por las patronales como una auténtica «expropiación», el PP despeja dudas por la vía de la enmienda. Como impone una nueva moratoria al sector, solo permitirá una excepción: admitirá solicitudes para la puesta en marcha de nuevos parques «cando as persoas promotoras asuman o compromiso de formalizar contratos de subministración de enerxía a medio ou largo prazo (PPA) a un prezo predeterminado». Comprometerán la venta del 50 % de la energía producida a «consumidores locais e industriais das zonas situadas no ámbito de influenza dos proxectos» o, en su defecto, de la comunidad, por un plazo mínimo de cinco años.
Las empresas podrán sellar los contratos directamente con los clientes o a través de compañías comercializadoras.
Todos los nuevos proyectos que sean tramitados por la Xunta tendrán que pasar una evaluación de impacto ambiental que incluya una propuesta de beneficios sociales por el uso de los recursos naturales, en consonancia con la nueva ley.
Críticas de BNG y PSOE por las modificaciones
BNG y PSdeG criticaron este domingo el contenido de las enmiendas presentadas por el PP en relación con el sector eólico. Ambos portavoces se refirieron a la intención de la Xunta de retramitar los parques afectados por suspensiones judiciales en la manifestación impulsada por la plataforma Queremos Galego. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al Ejecutivo de Rueda de «intentar pasar por riba da xustiza» y de saltarse la separación de poderes. La medida, añadió, demuestra «ata qué punto a Xunta é unha terminal do lobby eléctrico». También el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, «Despois do parón eólico e das perdas en inversións, esas modificacións, como non se adapten á lexislación europea e á nova planificación, van ser absolutamente inútiles», afirmó. Además, instó a los populares a tramitar «de forma ordenada» los asuntos estructurales para la comunidad.
En las últimas semanas, los partidos de la oposición se han manifestado contrarios a las intenciones del Gobierno gallego con relación al sector eólico y al energético, aunque ayer también cuestionaron la forma, a través de la presentación de enmiendas a la conocida como ley de acompañamiento de las cuentas del próximo año.