Consumo multa con 179 millones a cinco aerolíneas por prácticas abusivas

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea han sido sancionadas por cobrar suplementos por el equipaje de mano

22 nov 2024 . Actualizado a las 17:15 h.

«No se puede tolerar que haya modelos de negocio basados en la vulneración de derechos de la ciudadanía». Así se expresó este viernes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, después de dar a conocer la multa multimillonaria, de 179 millones de euros, que su departamento ha impuesto a cinco aerolíneas por prácticas abusivas.

Las compañías low cost sancionadas son Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. A todas ellas, Consumo les acusa de una larga lista de tropelías «muy graves» contra los consumidores. La más habitual y la que afecta a la mayoría de los viajeros es el cobro de un cargo por llevar el equipaje de mano en cabina, a pesar de que la Justicia europea ya dictaminó en el 2014 que «no puede ser objeto de un suplemento» siempre que el bulto « responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad». Las aerolíneas se amparan en esa falta de concreción para establecer sus propias medidas.

También se ha declarado abusivo el cobro de un extra sobre el precio del billete a los pasajeros que, por necesidad de acompañar a menores y personas dependientes, necesitan reservar asientos contiguos.

Otra práctica ilegal detectada ha sido la de impedir a los consumidores pagar en metálico en los aeropuertos españoles, a pesar de tratarse de dinero de curso legal.

Ha quedado constatado, de igual modo, que las tasas que se aplican por la impresión de tarjetas de embarque son desproporcionadas —en algunos casos alcanzan los 20 euros—.

El quinto motivo que ha precipitado la sanción ha sido la política de opacidad y las «omisiones engañosas de información y la falta de claridad» en los precios publicitados tanto en la web como en portales terceros, lo que dificulta la tarea de comparar ofertas y hace que los clientes no tengan claro qué servicios están contratando.

«Enviamos un mensaje claro: ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley», añadió el ministro, quien pone el broche así a la investigación que inició la Dirección General de Consumo en el 2023 tras analizar las denuncias de varias organizaciones de consumidores. «Tras años combatiendo abusos, esas malas prácticas han sido castigadas duramente. Es una decisión que aplaudimos», apuntaron desde la OCU.

La cuantía de la multa se ha fijado teniendo en cuenta el beneficio ilícito que obtuvieron las aerolíneas por estas prácticas, según apuntan desde el ministerio, que ha recordado a las compañías infractoras «la prohibición expresa de continuar con las prácticas que han sido sancionadas».

Pero, ¿qué pasa si se niegan en el aeropuerto a cumplir esta orden ejecutiva? El Gobierno apunta la vía judicial aunque fuentes del departamento que dirige Bustinduy subrayan que, en última instancia, «si es necesario, se podría abrir un nuevo expediente sancionador» a las insubordinadas.

Batalla legal

Las compañías disponen de un plazo máximo de dos meses para presentar sus recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La principal afectada, Ryanair, ya ha confirmado que acudirá de forma inmediata a la justicia para revertir una decisión que consideran descabellada. Su consejero delegado, Michael O’Leary, ha recalcado en un comunicado recogido por Europa Press que estas multas, «inventadas» por el Ministerio de Consumo por «razones políticas», «violan» la legislación de la UE. Las otras cuatro competidoras también recurrirán, según confirmó la patronal del sector.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha advertido de que todas van a mantener sus políticas comerciales, solicitando cautelares en los tribunales. Si los jueces las conceden, el proceso podría alargarse dos años. Si la respuesta es negativa, las compañías tendrían que abonar las multas y cesar en esas prácticas, provocando una «distorsión competitiva muy importante», según el presidente de ALA, Javier Gándara.

Por su parte, la OCU ha pedido al Ministerio de Consumo que, en caso de que las aerolíneas recurran, «una estrategia que les permite seguir cobrando a los usuarios», solicite igualmente cautelares para «evitar que los consumidores sigan pagando lo que claramente es un abuso».