Sánchez lanza avales e incentivos fiscales para promover el alquiler de pisos vacíos

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

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El Estado responderá en caso de impagos y se ofrecerá una exención del 100 % en el IRPF a los propietarios que arrienden a precios tasados por el Gobierno

14 ene 2025 . Actualizado a las 11:04 h.

La vivienda es, según el CIS, el primer problema que perciben los españoles, por delante del paro o la situación económica, una posición en el ránking de desvelos ciudadanos que no ocupaba desde el 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y que refleja el profundo malestar social por las subidas de precios y la falta de oferta. Un malestar que se ha convertido en ariete político y ha obligado al Gobierno a anunciar una nueva batería de medidas para tratar de enfriar el mercado y evitar una división social entre «propietarios ricos e inquilinos pobres», como advirtió este lunes el presidente, Pedro Sánchez, durante la clausura de un foro en el que anunció el nuevo plan de vivienda que prepara el Ejecutivo.

Suelo para construir

Dos millones de metros cuadrados para viviendas en alquiler asequible. El presidente desveló que la recién constituida empresa pública acaba de recibir 3.300 viviendas y, lo más relevante, dos millones de metros cuadrados de suelo para crear «miles y miles» de nuevas viviendas que se destinarán al alquiler social asequible. A mayores, se incorporarán de forma inmediata 13.000 viviendas de la Sareb, a las que seguirán, progresivamente, otras 17.000 más. Sánchez detalló que esta empresa pública tendrá prioridad en la compra de inmuebles y suelos, con carácter supletorio al derecho de las comunidades, y anunció que se blindará el carácter público del parque de vivienda social, impidiendo que se repitan las operaciones de venta a fondos buitres, como se hizo durante la crisis.

Incentivar la innovación

Un PERTE para la construcción industrializada. Para ampliar el parque de vivienda a un menor coste, el Gobierno habilitará un plan de ayudas públicas, al igual que los de sectores como la automoción, para buscar soluciones innovadoras en el campo de la construcción industrializada y modular, que permita construir casas «en menos tiempo y con menos coste». El PERTE se desarrollará en Valencia, para contribuir a reparar el tejido económico dañado por la dana.

Avales públicos

Ayudas para los inquilinos y garantías para los propietarios. A mayores de la construcción de viviendas, el gran objetivo del Gobierno pasa por movilizar los cuatro millones de inmuebles residenciales vacíos o infrautilizados que hay en el país. Para vencer las reticencias de los propietarios, Sánchez anunció la puesta en marcha de un programa público de garantías, que asegurará al propietario el cobro de la renta, facilitando el acceso a la vivienda a inquilinos que, por su nivel de renta, eran rechazados por temor a los impagos. Se trata de un sistema que se ha probado en Francia y que el Gobierno quiere poner en marcha ya este año, focalizándolo a propietarios que alquilen a menores de 35 años.

Reforma fiscal

Exención fiscal de la renta del alquiler e impuestos más altos a los pisos turísticos. Para sortear el veto de las comunidades del PP a la declaración de zonas tensionadas, que impide aplicar topes de precios, el Gobierno enviará al Congreso una reforma fiscal que dejará totalmente exentos en el IRPF los ingresos del alquiler de aquellos propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de esos precios máximos. Peor parados saldrán los dueños de pisos destinados al alquiler turístico, ya que dicha reforma les subirá los impuestos para que «tributen como lo que son: un negocio», y también los extranjeros no comunitarios que no residan en España, ya que para comprar una vivienda tendrán que pagar el 100 % del valor de la misma en impuestos. Con esta medida, defendió Sánchez, se busca evitar que las viviendas se usen como un activo más para la inversión especulativa. La reforma también endurecerá el régimen fiscal de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), limitando sus ventajas a aquellas que promuevan vivienda en alquiler social.

Ayudas

Rehabilitar para alquilar. El Gobierno extenderá en el nuevo plan de vivienda las ayudas existentes y habilitará otra para reformar casas vacíos que se destinen a alquiler asequible durante 5 años.

Feijoo apuesta por facilitar la compra y pide bajar el IVA al 4 %

Si la apuesta del Gobierno pasa por aumentar la oferta de vivienda en alquiler y controlar sus precios, la del PP se centra en facilitar el acceso a la propiedad. Si el domingo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, anunció el compromiso de los presidentes autonómicos de su partido (que gobierna en once de las diecisiete autonomías) de rebajar al 4 % el impuesto de transmisiones patrimoniales que grava la compra de viviendas de segunda mano si quien adquiere el piso es un joven, este lunes el jefe de la oposición reclamó al Gobierno que haga lo propio con el IVA. En una entrevista radiofónica, Feijoo exigió al Ejecutivo que reduzca el tipo del IVA aplicado a la compra de vivienda de obra nueva del 10 % actual al 4 % (el mismo que se aplica a los alimentos de primera necesidad).

Si Sánchez acusó al PP de insistir en la receta equivocada buscando liberalizar suelo y desregular la construcción, las mismas medidas que llevaron a la crisis del 2008, Feijoo le replicó que «lo que hay en España en este momento es una burbuja desinmobiliaria», porque el ritmo de construcción es menos de la mitad del necesario para acompasarlo a la formación de hogares.

El plan de vivienda de los populares incluye otras promesas habituales de la formación, como la recuperación de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda y por arrendamiento (aunque limitadas a ciertos «colectivos diana»), así como exenciones fiscales a la donación de viviendas que se destinen a residencia habitual o rebajas en los impuestos que gravan las escrituras de estas operaciones.

Fuera del terreno fiscal, los populares abogan por ampliar hasta los 40 años los programas de avales públicos para los jóvenes que se hipotequen para adquirir vivienda y movilizar suelos públicos para promover vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler.

Escaso efecto en Galicia

En todo caso, el plan de los populares tendrá un efecto residual en Galicia, al menos en cuanto a su medida estrella de rebajar al 4 % el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque como recordó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desde hace años los jóvenes menores de 36 años disfrutan de un tipo reducido del 3 % cuando adquieren una vivienda de segunda mano. Desde la Consellería de Facenda explicaron que otras medidas de las anunciadas ya están incluidas en los Presupuestos del 2025, como la deducción de 500 euros en el IRPF por el arrendamiento de viviendas vacías.

Intervencionista o poco ambicioso, críticas dispares del sector al nuevo plan de vivienda

El plan anunciado este lunes por el Gobierno provocó críticas dispares entre los agentes del sector inmobiliario. Así, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, calificó de «intervencionistas» algunas de las medidas enunciadas ayer por Sánchez, aunque destacó que las propuestas de PSOE y PP presentan un alto grado de coincidencia, por lo que reclamó un pacto de Estado para aliviar la situación del sector y de los potenciales compradores.

Esa misma crítica de intervencionismo la expresaron los agentes de la propiedad inmobiliaria, que al igual que las patronales de constructores e inmobiliarias reclamó consenso entre los dos grandes partidos políticos. Asimismo, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) cree que, pese a ser «bienintencionadas», muchas de las medidas planteadas por el Ejecutivo «son de difícil realización».

«Seguimos viendo anuncios de gran alcance sin estrategias a medio y largo plazo que involucren a todas las Administraciones y actores del sector», lamentó en esa línea el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Si la parte empresarial del sector ve intervencionismo detrás de los planes anunciados por el Gobierno, las asociaciones que defienden a consumidores y usuarios aprecian falta de ambición. Así, desde Facua lamentaron que el presidente del Gobierno, en lugar de aplicar recargos fiscales a las viviendas vacías para obligar a sus propietarios a sacarlas al mercado, haya optado por beneficiarlos con exenciones tributarias.