Portugal permitirá recalificar suelo rústico para aumentar su oferta de vivienda y bajar precios

B. Suárez OPORTO / E. LA VOZ

ECONOMÍA

Brais Suárez

El Gobierno defiende que la nueva ley del suelo reducirá los precios en un 20 %.

18 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En un año, Portugal ha dado un giro radical en su política para combatir la crisis de la vivienda, considerada (como en España) el mayor problema del país. De la regulación estricta —sobre todo, en el ámbito del alquiler turístico— que proponía el anterior primer ministro, António Costa, a la mano abierta del actual jefe de Gobierno, Luís Montenegro. Ambos coinciden en la necesidad de facilitar la construcción, pero difieren en las formas.

Costa pretendía extender zonas urbanas a otras contiguas calificadas como rústicas, donde solo se podrían realizar promociones públicas. Montenegro va más allá. El 30 de diciembre, el Gobierno modificó el Régimen Jurídico de los Instrumentos de Gestión Territorial, que entrará en vigor a finales de este mes para facilitar la reconversión de suelos rústicos en urbanos, y así aumentar la oferta de vivienda en territorios donde los precios son actualmente más accesibles. «Es, manifiestamente, una ley antiespeculativa», escribió el ministro adjunto de Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, en el diario Público.

La modificación exige que un 70 % del suelo recalificado se destine a «vivienda pública o vivienda de valor moderado». Del texto se cayó una exigencia clave, la de «alquiler accesible», que obligaría a los promotores privados a arrendar viviendas a precios un 20 % inferiores a los valores medianos en cada municipio. Al no imponer los alquileres, la nueva ley permitirá que las viviendas construidas en suelos recalificados se vendan a precios por encima de los actuales en el 95 % de municipios, estima Público.

En las zonas restantes —las áreas metropolitanas más tensionadas—, argumenta el ministerio, la ley ayudará a bajar los precios de la obra nueva: «Fija precios máximos para las casas nuevas que están por debajo de los valores medios de las transacciones inmobiliarias registradas en Portugal en el 2024».

En la promulgación del texto, el presidente de la República lo describió como «una torsión significativa en materia del régimen de ordenación y planeamiento del territorio». En esa línea se han expresado centenares de expertos, que, en una carta abierta, acusan al Gobierno de «un retroceso de décadas, sustentado en falsas excusas», como la idea de que no hay suelo urbano disponible o la urgencia de implementar fondos europeos. Critican que la agricultura y el medio ambiente se verán perjudicados, al posibilitar ocupar terrenos de reservas agrícolas y ecológicas.

La izquierda parlamentaria considera que esta modificación abre las puertas a la especulación y que va en contra de «todo el conocimiento acumulado sobre la posibilidad de reducir movimientos especulativos, el impacto de la artificialización del territorio, la lucha frente a las alteraciones climáticas y la mitigación de sus efectos sobre la necesaria transparencia y control de iniciativas inmobiliarias».